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ACAPULCO, Gro., 10 de septiembre de 2026.- El investigador de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), Uriel Leal Ramírez planteó incorporar jueces indígenas en la renovación del Poder Judicial de Guerrero prevista para 2028 para que la impartición de justicia considere la cosmovisión y los sistemas normativos de los pueblos originarios y afromexicanos.
Durante la conferencia Jurisdicción Indígena, impartida en la Casa de los Saberes Jurídicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Acapulco, el investigador señaló que el derecho positivo suele entrar en conflicto con las normas internas legitimadas por las asambleas comunitarias.
Leal Ramírez expuso que persisten rezagos de expedientes, falta de intérpretes y traductores con conocimientos jurídicos, además de procesos lentos y costosos que desalientan a integrantes de comunidades a acudir ante las autoridades.
“En México, compañeras y compañeros, la justicia sigue siendo lenta, muy lenta. La justicia sigue siendo cara, onerosa y, sobre todo, sigue siendo discriminatoria, altamente discriminatoria”, afirmó.
El académico consideró tardío el reconocimiento de los pueblos indígenas y principalmente de los afromexicanos, y recordó que en 2024 ambos fueron reconocidos constitucionalmente como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Indicó que Guerrero concentra una de las mayores poblaciones afromexicanas del país y señaló que durante años este sector permaneció invisibilizado y con menos posibilidades de ejercer plenamente sus derechos.
También propuso revisar los casos de personas indígenas que continúan privadas de la libertad pese a haber cumplido sus condenas o estar procesadas por conductas que ya no constituyen delito, y consideró que en algunos casos podría analizarse la figura del indulto.
Durante la sesión de preguntas, Leal Ramírez destacó además la incorporación progresiva de mujeres en las estructuras comunitarias como policías comunitarias, coordinadoras, comisarias, regidoras, síndicas y presidentas municipales.
“No están todavía al 50 y 50, pero van avanzando hacia allá”, señaló.
El investigador puso como ejemplo a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) surgida en 1995 en San Luis Acatlán y explicó que la Policía Comunitaria, a diferencia de las autodefensas, desarrolla funciones de seguridad y procedimientos de justicia y reeducación conforme a las decisiones de las comunidades.