Plantean justicia transicional ante omisión del Estado en desapariciones

ACAPULCO, Gro., 7 de octubre de 2019.- Expertas en derechos humanos y justicia restaurativa, así como un representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas participaron en el cuarto ciclo de Diálogos Democráticos, desafíos para fortalecer la democracia en México, convocados por la Sala Regional en Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Tribunal Electoral del Estado (TEE) y el Instituto Electoral y Participación Ciudadana en la entidad (IEPC).

Durante el foro se planteó la necesidad de aplicar justicia transicional y justicia restaurativa en México; no obstante, se admitió que se requerirá ineludiblemente del respaldo social y político, sobre todo en casos emblemáticos como la desaparición de personas y, para contrarrestar la violencia política de género.

Participaron esta mañana, la especialista en justicia restaurativa e integrante de la Red de Politólogas, Alejandra Betanzo de la Rosa; la profesora investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales, María Olga Noriega Sáenz; y el coordinador de la Unidad Legal y de Análisis de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alan García Campos.

Se habló de que se debe fortalecer el entramado político para poder sostener la creación de estrategias y reconocer que México atraviesa un período democrático, pero con resquicios de autoritarismo, por lo que se requiere atención especial en los jóvenes como víctimas, pero también atendiéndolos como victimarios, e intentar reintegrarlos de manera constructiva a la sociedad.

El presidente del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, Ramón Ramos Piedra, quien fungió como relator, leyó el texto final, la relatoría y las participaciones.

En el texto, expuso que la justicia transicional puede ayudar en el contexto actual del país al transformar la realidad, pues la violencia también trastoca a los políticos y las libertades democráticas, lo que hace necesarias políticas de pacificación de la que es su derrotero.

“Se debe reparar en elementos paradigmáticos que permitan construir una sociedad igualitaria y comprometida con su entorno”, indicó.

Tomando como ejemplo la desaparición de personas, continuó, particularmente en el caso de los 43 alumnos de Ayotzinapa desaparecidos, “refleja la necesidad de implantar elementos de la justicia transicional a la justicia restaurativa, ante la falta de respuestas claras para la reconstrucción del tejido social y elementos visibles del Estado para la no repetición”.

Señaló que se requieren aportaciones legales al servicio de la reparación de la justicia transicional, incluyendo la reconciliación a diversos grupos vulnerables; entre otros, la violencia política de género, es posible que el Estado tenga que pedir disculpas, además de hacerlo literalmente, se debe fortalecer a través de nuevas estrategias efectivas de gobernar y concretar la reconstrucción del tejido social.

Respecto a la violencia política de género sostuvo que se encuentra un lugar idóneo para aplicar la justicia transicional porque sus mecanismos trabajan por y desde la igualdad de la sociedad, en donde se expresan la fuente directa del conflicto como la creación de las nuevas masculinidades y el empoderamiento de las mujeres.

Justicia transicional o restaurativa dijo, busca atender las causas y consecuencias de un legado de injusticia. “Es una herramienta que busca servir y lograr la reconciliación a partir de la verdad, mediante las comisiones; la justicia, por quienes integran los tribunales nacionales e internacionales; la reparación y la no repetición”.

Antes, mencionó que ante el contexto de violencia en el país, la justicia transicional, pretende dejarlo atrás pues para aspirar atender los principios y valores de los derechos humanos, que buscan el replanteamiento de éstos desde la reconciliación y la no violencia, para así poder generar las razones para reconocer políticas de resarcimiento, cuyo foco de atención es la víctima para atemperar la afectación.

La justicia transicional busca, acotó, que las políticas públicas no permitan que se repitan las condiciones para otros escenarios violentos.

Justificó que la justicia transicional “no es blanda, sino más bien va de la mano con la justicia restaurativa y opera desde las comunidades localizadas y da un trato diferenciado a partir de lo que quiere la víctima o la comunidad que sufre estas violaciones”.

Añadió que se amplía este concepto al referir que, a diferencia de la justicia punitiva, ésta busca la necesidad de tomar medidas para la no repetición, busca a partir del autoreconocimiento del victimario, desde la humanidad y la aceptación simbólica del daño causado, para volver a ser aceptado en el entorno social y ser un sanador para las víctimas y el tejido social.

Dijo que fortalece la respuesta del cómo ayuda la justicia tradicional para reparar la paz en un determinado lugar, en el que ésta trata de recuperar las necesidades de las víctimas, cambiando paradigmas para salir del ciclo violento, proveyendo acciones extraordinarias excepcionales.

“Es necesario aplicar la justicia tradicional en México, pues se debe tener mucho cuidado al aplicarla sobre todo si no se le da seguimiento adecuado, de lo contrario recaeríamos en la revictimización. Deben fomentarse la creación de órganos multidisciplinarios para generar y garantizar la atención a través del principio pro persona, aplicando políticas públicas a modo y focalizadas. Las respuestas que sobre este tema ha dado el Estado han sido insuficientes y por lo tanto deben reforzarse”, indicó Ramos Piedra.

Las participaciones estuvieron moderadas por Adrián Montessoro Castillo; y acudieron la representante de la sala regional del Tribunal Electoral Ciudad de México, María Silva Rojas; y el presidente del IEPC en el estado, Nazarín Vargas Armenta, quien inauguró la actividad.