Plantean ley que regula uso de tecnologías de información en Guerrero

ACAPULCO, Gro., 12 de septiembre de 2023.- El diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón presentó una iniciativa de Ley que Regula el Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación para la Seguridad Pública del Estado de Guerrero, estableciendo las bases de coordinación en la materia entre las instituciones de seguridad pública de la entidad, los municipios y prestadores de servicios de seguridad privada.

De acuerdo con un boletín, con su iniciativa, el legislador explica que el uso de las tecnologías puede incidir en la prevención y erradicación del crimen en la entidad, a través de un sistema estatal de videovigilancia que cuente con cámaras, drones y softwares de reconocimiento facial, instalados en puntos estratégicos, que permitan tomar acciones inmediatas cuando algún crimen esté llevándose a cabo, además servir de apoyo en los procedimientos de investigación.

El diputado por Morena plantea que el panorama en materia de seguridad es negativo, además de que hay deficiencia en la procuración de justicia y en la resolución de los casos por delitos cometidos, ya que según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad del INEGI 2022, se cometieron en este año 624 mil 445 delitos, de los cuales solo se denunció el 6.1 por ciento, denuncias de las cuales el 50.8 por ciento continúan en investigación.

Añadió que en Guerrero solo se cuenta con aproximadamente 900 cámaras de videovigilancia para la seguridad pública, a diferencia de otros estados de la república que, por consecuencia, se encuentran entre los de menor incidencia delictiva. En ese sentido, asentó que esto es prueba clara de de que la utilización de las tecnologías para la seguridad pública impacta directamente en la reducción de los índices de criminalidad y violencia.

Por lo anterior, Sánchez Alarcón considera impostergable que el estado cuente con una legislación que regule la colocación de sistemas tecnológicos para que la ciudadanía tenga mejores garantías en materia de seguridad e impartición de justicia, amén de que traerá beneficios sustantivos a la economía de la población, al dar mayor certeza a los empresarios e inversionistas.

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública para su análisis y emisión de dictamen correspondientes.