Plantean reforzar derechos en favor de mujeres víctimas de violencia

ACAPULCO, Gro., 3 de marzo de 2020.- Diputados del PRD presentaron reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Nacional de Procedimientos Penales para establecer mayores derechos a las mujeres víctimas de violencia, como pensión alimenticia para ella y sus hijos, hogar o refugio, atención psicológica integral y de salud, capacitación para adquirir habilidades, destrezas y aptitudes para el empleo.

De acuerdo con un boletín, en la sesión ordinaria de este martes, la diputada Dimna Guadalupe Salgado Apátiga presentó dicha iniciativa que señala que, por los casos recientes de feminicidio en el país, es necesario establecer que las autoridades brinden la protección adecuada e integral en favor de las mujeres víctimas de violencia.

Y es que, manifestó, los ordenamientos mencionados no establecen ninguna protección especial, por lo que resultan ineficaces para garantizar apoyo a la mujer que sufrió algún tipo de violencia. Incluso, abundó la legisladora, las medidas para recibir atención médica y psicológica, así como protección especial de su integridad física, deben ser a través de solicitud y no como una obligación propia del Estado.

Mencionó, asimismo, que tampoco se prevé la situación que guarda la mujer víctima en el caso de violencia familiar, en cuanto a su integridad física, ni la garantía de los derechos de pensión alimenticia a favor de ella y de sus hijos.

En ese sentido, los legisladores del PRD consideran que se deben establecer mayores derechos de protección, ya que en los casos recientes de feminicidio las autoridades no brindaron la protección adecuada e integral y únicamente se ciñeron a levantar las carpetas de investigación, sin darles resguardo físico, atención integral y psicológica, ni mucho menos seguridad económica, lo que ocasiona que las víctimas acepten la ayuda de su victimario y continúan resintiendo hechos de violencia.

“Incluso, uno de los errores que están cometiendo los juzgadores en los procesos judiciales es que permiten que se llegue a una amigable composición, o dicho en otras palabras, que los casos se resuelvan por convenio entre las partes. En el caso de violencia familiar -principalmente-, no puede haber convenio; el daño sufrido no puede ser compensado únicamente con el pago de las terapias psicológicas”, abundó Salgado Apátiga.

Por ello, proponen que se le otorgue a la víctima una pensión alimenticia acorde a sus necesidades económicas y las de sus hijos; que cuenten con un lugar adecuado para su convivencia; capacitación para adquirir habilidades, destrezas y aptitudes para un empleo; empoderamiento de la mujer víctima de violencia; que sin solicitarlo se le otorgue atención psicológica integral; que se le canalice con instituciones educativas y laborales para continuar con sus estudios, y que obtenga un empleo remunerado que le permita subsistir adecuadamente.

Además, que en caso de presentar lesiones, se le brinde atención por parte de las instituciones de salud de manera pronta y expedita, principalmente en los casos de abuso sexual; generar una red de apoyo familiar, y que no se le hostigue para llegar a un acuerdo resarcitorio con su victimario.

En el último caso, en situaciones de violencia familiar, serán improcedentes los acuerdos y, en caso de aprobarse por los juzgadores, no darán motivo para que el asunto se sobresea.

Iniciativas

Para que el retorno de los alumnos a sus hogares sea seguro, los diputados Guadalupe González Suástegui (PAN) y Arturo López Sugía (MC) presentaron una iniciativa de adición a la Ley de Educación del Estado de Guerrero, para establecer protocolos de seguridad en escuelas de nivel básico y medio superior, que garanticen que los menores serán entregados únicamente a personas con autorización expresa de padres o tutores.

Por su parte, el diputado Carlos Cruz López (Morena) planteó reformar el Código Penal del Estado para incluir como violencia familiar el maltrato físico o psicoemocional que se presente durante una relación de noviazgo, mismo que podrá ser castigado de uno a cinco años de prisión.

Asimismo, el diputado Arturo Martínez Núñez (Morena) presentó una iniciativa para inscribir con letras doradas los nombres de “Lucio Cabañas Barrientos” y “Genaro Vázquez Rojas” en el Muro de Honor del Salón de Sesiones “Primer Congreso de Anáhuac” del Congreso del Estado.