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CIUDAD DE MÉXICO, 22 de enero de 2024.- Tras la orden de una jueza para liberar a ocho militares implicados en el caso Ayotzinapa, y ante la condena por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) de dicha resolución, el gobierno federal también se pronunció y cuestionó la determinación del Poder Judicial.
A través de la Secretaría de Gobernación, suscribió la postura de la FGR respecto a la decisión de la jueza segundo de distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, así como de los magistrados del tribunal colegiado correspondiente, Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio, quienes ordenaron que ocho militares vinculados al caso Ayotzinapa llevaran su proceso en libertad.
«No nos extraña la posición del Poder Judicial de la Federación (PJF) en el caso Ayotzinapa. Dentro de sus prioridades nunca ha estado hacer justicia, ni encontrar la verdad. Por el contrario, se ha dedicado a obstaculizar y entorpecer el desarrollo del proceso.
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