Policías comunitarias: estado de derecho o estado de excepción

El conflicto que prevalece en el Municipio de Juan R. Escudero, Tierra Colorada, Guerrero, entre los miembros de la UPOEG y FUSDEG, nos lleva a la conclusión de que debemos de establecer el mecanismo jurídico que regule la existencia de estos grupos de ciudadanos que toman las armas o se erigen en autodefensas para poder mantener la seguridad en sus comunidades y municipios.

Reconocemos la tregua alcanzada y los buenos oficios del Secretario de Gobierno entre los grupos enfrentados en este conflicto. Pero se debe sustituir el lenguaje propio de un enfrentamiento armado, tregua, armisticio, velar armas, por el lenguaje de la ley y el estado de derecho.

No hay contradicción entre un Estado democrático de derecho y la participación ciudadana y comunitaria en tareas de seguridad pública. Lo importante es que esta participación se encuadre en la ley, con reglas claras y que responde a una genuina representación comunitaria.

No sólo es Tierra Colorada también es Teloloapan, Ajuchitlán del Progreso, Chilpancingo y otros municipios en donde han surgido estos grupos armados bajo la bandera de luchar contra la inseguridad y la violencia. Debemos de reconocer que la inseguridad en nuestra entidad día a día se vuelve un problema más recurrente en todos los rincones y regiones, por ello en gran medida el surgimiento de estos grupos se debe a la imposibilidad gubernamental de brindar seguridad pública.

La batalla contra la inseguridad no puede perderse, recordemos que hubo un lapso de dos meses en donde aparentemente los homicidios dolosos disminuyeron, sin embargo estos han repuntado exponencialmente en los últimos días y las extorsiones continúan en aumento. La violencia se incrementa en cada momento, aún con todo y los operativos de las tres instancias de gobierno.

Esta insatisfacción social, ha llevado a que grupos de personas se organicen y forme sus propios cuerpos de seguridad pública, desafortunadamente el origen y la finalidad de algunos de estos grupos armados se ha desvirtuado y ahora entre ellos se disputan el control territorial de diferentes municipios, como si fueran territorios de conquista.

Asimismo frente a estos grupos no solo la sociedad es acechada por el crimen organizado, ya que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas del año 2016, en el año del 2015 un 35.5% las empresas fueron víctimas de algún delito, y en el año de 2013 representó un 33.6%. El delito que se presenta con mayor frecuencia es el robo de mercancía, la extorsión por su parte ha superado al robo hormiga como delito con mayor incidencia al presentar un incremento del 34. 3%, con respecto del nivel estimado para el 2013.

De acuerdo con una encuesta realizada por el periódico El Universal el 69% de la población considera que la violencia relacionada con el narcotráfico ha aumentado, mientras que el 71% considera que la estrategia del combate al narcotráfico ha sido fallida.

Insisto el surgimiento de los grupos de autodefensa denominados comunitarios o ciudadanos se debe en gran medida a que el Estado como encargado de brindar seguridad pública no ha podido combatir este problema y, hay que decirlo se debe a que los cuerpos de seguridad pública tienen elementos que no son aptos para estar protegiendo a la sociedad, porque algunos de ellos, un número significativo, está infiltrado por la delincuencia organizada y actúa a su servicio.

No podemos pedir a la sociedad que no se organice si el Estado no ha sabido brindarle protección y seguridad, sería irresponsable decir que la sociedad quedará a merced de la delincuencia.

Pero no coincidimos en que las personas hagan justicia por su propia mano, y que se violen las normas jurídicas, o que haya una disputa por el control territorial al margen de la necesidad de seguridad pública, porque cuando se viola el derecho y carecemos de la aplicación de normas jurídicas, Guerrero se puede convertir en estado anárquico, creando grupos armados disputándose el estado, bajo el estandarte de la seguridad pública. Volviendo así muy tenue la frontera entre el estado de derecho y el estado de excepción, donde algunos grupos pueden actuar al margen de la ley y las instituciones.

Hace falta una nueva ley de seguridad pública que delimite y establezca facultades a estos grupos de ciudadanos en busca de seguridad pública colectiva, pero que estos grupos organizados no tengan un antifaz y que detrás del mismo oculten intereses oscuros o en lugar de ayudar a resolver problemas los incrementen.

En la Iniciativa de Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado y Municipios de Guerrero que propusimos al Congreso, se establecen opciones para que se establezcan el procedimiento para sanear a las corporaciones policiacas, a no tener ningún policía corrupto en las instituciones de seguridad pública, pero también, se señalan las competencias para que estos grupos organizados denominados comunitarios o ciudadanos se ajusten al imperio de la Ley.

Estos grupo organizados son contemplados en la iniciativa de referencia particularmente existe un Capítulo II denominado de Auxiliares de Instituciones Públicas en donde se contempla a las policías comunitarias y a los grupos de vigilancia vecinal, así también se contemplan los policías de proximidad social.

El Estado no puede ni debe sucumbir ante grupos fácticos que buscan la desestabilización social para beneficio personal, es tiempo de cambiar este presente y ofertar un mejor futuro en donde existan el respeto irrestricto a los derechos humanos, es momento de refundar al Estado bajo el imperio de la Ley y la Justicia y, sobre todo darle seguridad pública que tanto necesitan los ciudadanos.