CHILPANCINGO, Gro., 31 de octubre de 2019.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó un Informe especial sobre la situación en materia de personas desaparecidas y delitos vinculados que imperan en el municipio de Chilapa, en el que destacó que de enero de 2011 al 30 de septiembre de 2018, la violencia e impunidad incrementó debido a que en ese periodo se cometieron 632 homicidios dolosos, 247 desapariciones y la Fiscalía General del Estado (FGE) “no inició ninguna averiguación previa o carpeta de investigación”.

El Informe fue presentado en la residencia oficial Casa Guerrero ante el gobernador, Héctor Astudillo Flores; el presidente de Chilapa, Jesús Parra García; y familiares que integran el colectivo Siempre Vivos de Chilapa.

El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez también habló de las recomendaciones al gobierno del estado, al gobierno federal y las instancias de seguridad y de justicia, que en resumen son “investigar y sancionar a las autoridades estatales y locales que estaban en ese periodo y no actuaron en Chilapa, asimismo identificar todos los cadáveres de Chilapa que continúan en el Semefo, mayor presencia de autoridades de seguridad y capacitación al personal de la Fiscalía”.

Del Informe, el ombudsman nacional aseguró que se trata de documentación proporcionada por autoridades de Guerrero, y evidencia las altas cifras de desaparición, homicidios dolosos, así como de violación de los derechos humanos, la falta de acceso a la educación, a la salud, a la seguridad social y al trabajo para los habitantes de ese municipio.

Sostuvo que en el caso de personas desaparecidas, se pudo conocer que en el periodo mencionado, en Chilapa se registraron 247 casos de personas desaparecidas, y se logró ubicar el paradero de 11 personas con vida, además de 67 que lamentable fueron halladas sin vida; el resto aún se desconoce.

También dijo que en esos casi ocho años, en Chilapa han sido localizadas un total de nueve fosas clandestinas con 37 cadáveres, siendo 2016 el año con mayor número de entierros ilegales, que fueron cinco y se hallaron 10 cuerpos. En a la identificación, la Fiscalía General del Estado ha informado de la identificación de 13 muertos.

En ese periodo de 2011-2018, la CNDH señaló que se pudo conocer que en Chilapa se establecieron 217 dispositivos militares para reducir la violencia, y de ellos sólo hay 28 detenidos, pero ninguna autoridad de justicia ha judicializado o sentenciado a la mayoría de los arrestados.

Ante este panorama, la CNDH indicó que el Informe sobre Chilapa será enviado al Congreso de la Unión, a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Fiscalía General de la República, al gobierno de Guerrero, a la Fiscalía del Estado, al Congreso local y demás dependencias para su atención y actuación en Chilapa.

“Las buenas intenciones no bastan para Chilapa, la gente requiere hechos concretos, justicia para retomar la paz y tranquilidad, así como su vida social y económica”, sostuvo González Pérez.

Por su parte, el gobernador Héctor Astudillo Flores afirmó que el Informe de la CNDH llama a la reflexión porque está sustentado de manera jurídica-social, y de él no esconde ni se huye.

En el acto, Astudillo Flores llamó al alcalde de Chilapa, Jesús Parra a que tome en cuenta el Informe “pues debe servir para redireccionar tus acciones, porque Chilapa es un municipio que recibe mucho recurso, incluso más que Chilpancingo”.