Hallan a un muerto en pueblo de Acapulco
ACAPULCO, Gro., 9 de julio de 2018.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación alista un amparo para cinco jugadores del equipo de futbol Los Avispones de Chilpancingo y 16 de sus familiares, para que puedan ser indemnizados y acceder a la reparación integral del daño, tras el ataque que sufrieron la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, hecho en el que falleció un futbolista y se relaciona con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
De acuerdo con Milenio, los ministros Eduardo Medina Mora y Alberto Pérez Dayán presentarán esta semana dos proyectos de sentencia en los que proponen amparar a los quejosos y dejar sin efecto la resolución del 11 de octubre de 2016 dictada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Medina Mora explicó en ponencia que en el amparo en revisión 390/2018 se menciona que la CEAV aprobó para las víctimas directas, identificadas como Mario Antonio ‘N’, Félix ‘N’, Omar ‘N’ y Felipe Eduardo ‘N’, la cantidad de 3 mil 500 dólares para cada uno, correspondiente solamente al daño físico que sufrieron; dicho monto, al tipo de cambio del 11 de octubre de 2016 era de 18.87 pesos; el equivalente, con cargo a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral fue de 66 mil 75 pesos por persona.
La CEAV basó su resolución en el caso Nadege Dorzema y otros contra República Dominicana, y consideró que a los jugadores debía de pagárseles exactamente la misma cantidad que la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó a las víctimas en aquel caso, decisión que fue cuestionada por el ministro Eduardo Medina, que señaló que la Comisión renunció “a la obligación de examinar la cuantificación del daño físico de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido, y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso”.
Los ministros coincidieron en que no basta con indemnizar, sino que se debe lograr la íntegra reparación del daño generado por el delito.
En caso de concederse los amparos, la CEAV deberá integrar debidamente el expediente de las víctimas, volver a cuantificar el pago de daños físicos y morales, y fijar en equidad una compensación en dinero por concepto de gastos de transporte, alojamiento, comunicación y alimentación, no solo para las víctimas directas, sino también para las indirectas.
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