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ACAPULCO, Gro., 8 de julio del 2019.- La diputada Norma Otilia Hernández Martínez presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado de Guerrero para promover el Servicio Civil de Carrera en las dependencias de la administración pública estatal y municipal.
De acuerdo con un boletín, dicho instrumento se regirá bajo los principios rectores de mérito, aptitud, calidad, imparcialidad, capacidad, ética, igualdad de género, profesionalismo, especialización, y tiene como objetivo garantizar un servicio más eficiente y eficaz a la ciudadanía, mediante el impulso al desarrollo del personal.
La diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena refirió que con el Servicio Civil de Carrera se pretende contribuir a un mejor servicio a la ciudadanía por parte de la burocracia, asegurar la permanencia de servidores públicos altamente calificados y proporcionar a la administración pública mecanismos de apoyo para dar continuidad a los planes y programas de gobierno, además de facilitar la transición en los cambios de administración.
La legisladora dijo que “actualmente los gobiernos municipales y las dependencias de la administración pública en Guerrero no han logrado ser eficaces, no cuentan con gobernantes y administradores calificados, por lo que es necesario hacer reformas a la Carta Magna local para responder a los problemas jurídicos, gubernamentales, administrativos, financieros y sociales de la entidad”.
Abundó que “la profesionalización de los servidores públicos es una necesidad inaplazable; atender con eficiencia, eficacia y honestidad los requerimientos y demandas de la sociedad es una obligación que las instituciones públicas deben cumplir con oportunidad y profesionalismo, ya que la improvisación, la falta de capacidad de respuesta y las actitudes negligentes y carentes de compromiso de los servidores públicos que conforman la administración pública estatal, incluyendo la esfera de competencia de los gobiernos municipales, deben ser eliminadas”.
La propuesta fue turnada para su análisis y dictaminación correspondiente a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos.