Presentan propuesta contra violencia feminicida en Congreso de Guerrero

ACAPULCO, Gro., 2 de mayo de 2026.- Para suspender de manera inmediata el régimen de visitas y convivencias con hijas e hijos cuando exista vinculación a proceso por feminicidio o tentativa en contra de la madre, priorizando en todo momento la seguridad de las y los menores ante entornos de violencia extrema, la diputada Leticia Mosso Hernández propuso adiciones al Código Civil del Estado de Guerrero.

Un boletín indicó que al presentar la iniciativa, la diputada destacó que esta propuesta fue construida en colaboración con Aimé Ríos, integrante de la Red Nacional de Sobrevivientes de Feminicidio (RENASE), así como con el acompañamiento del Colectivo Morras Contra la Violencia Institucional, quienes han enfrentado de manera directa la violencia feminicida. Además, forma parte de un paquete de iniciativas ya presentadas desde la experiencia y el trabajo colectivo de mujeres.

En el documento, que se turnó a las Comisiones Unidas de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y de Justicia, la legisladora expone que el Estado mexicano tiene la obligación constitucional y convencional de garantizar la protección integral de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, y adoptar las medidas necesarias para prevenir situaciones que puedan poner en riesgo su integridad física, emocional, psicológica y social.

Refiere que, si bien el régimen de convivencias o visitas constituye una herramienta fundamental para preservar los vínculos afectivos entre madres, padres e hijas e hijos, su ejercicio debe analizarse a la luz de las circunstancias particulares de cada caso, especialmente cuando existen antecedentes o indicios de violencia.

Sin embargo, aclara que la adición del artículo 589 Ter no implica una sanción anticipada ni vulnera el principio de presunción de inocencia, ya que se trata de una medida de carácter preventivo y provisional, orientada exclusivamente a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas menores de edad. Se trata de una medida proporcional, idónea y necesaria, que responde a la gravedad del delito imputado y al contexto de violencia en el que se desarrolla.

Además, la propuesta incorpora una perspectiva de género e infancia, reconociendo que las hijas e hijos de víctimas de violencia feminicida se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad y requieren de una protección reforzada por parte del Estado.

“La medida propuesta contribuye a evitar la revictimización, a garantizar entornos seguros y a prevenir posibles daños irreparables”, apuntó.

Iniciativa Ley de Personas Jóvenes

La diputada también presentó una iniciativa de reforma a la Ley Número 688 de Personas Jóvenes del Estado de Guerrero, con el objetivo de ampliar y fortalecer el catálogo de derechos de este sector, incorporando nuevas disposiciones que respondan a las necesidades actuales de las juventudes y garanticen su desarrollo integral.

La propuesta busca actualizar el marco jurídico para reconocer derechos fundamentales acordes con la realidad actual, como el acceso a la salud integral —incluyendo salud mental, sexual y reproductiva—, una educación de calidad, inclusiva e intercultural, así como el acceso a tecnologías de la información y herramientas digitales, elementos clave para reducir desigualdades y fortalecer las oportunidades de desarrollo personal y profesional.

Asimismo, plantea impulsar mejores condiciones para la inclusión social y económica de las juventudes mediante el reconocimiento del derecho al empleo digno, la capacitación y el emprendimiento; el acceso a actividades culturales, deportivas y recreativas; la protección frente a la violencia, especialmente en entornos digitales; el derecho a un medio ambiente sano; y la participación activa de las y los jóvenes en la toma de decisiones públicas, promoviendo una sociedad más equitativa, incluyente y con mayores oportunidades.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de la Juventud y el Deporte.

Acuerdo sobre salud mental

La legisladora también presentó un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Dra. Alondra García Carbajal, titular de la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero, y al Dr. Jesús Ulises Adame Reyna, coordinador estatal del IMSS-Bienestar en Guerrero, para que remitan a esta soberanía un informe detallado, desagregado y verificable sobre las acciones implementadas en materia de salud mental en el estado.

El informe deberá incluir cobertura territorial, número de profesionales disponibles, programas en operación, presupuesto ejercido y resultados obtenidos, a fin de evaluar su eficacia, particularmente ante la falta de impactos palpables en laatención a la población; así como las medidas que habrán de adoptarse para garantizar un acceso efectivo, oportuno y de calidad a estos servicios.

El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Salud.