Proponen 7 años de prisión por causar incendios forestales en Guerrero

ACAPULCO, Gro., 28 de mayo de 2025.- La diputada Gladys Cortes Genchi propone reformas al Código Penal del Estado de Guerrero para aumentar la penalidad de 3 a 7 años de prisión para quienes motiven, promuevan o provoquen ilícitamente uno o más incendios que dañen un área verde en suelo urbano o rural.

 De acuerdo con un boletín, en la propuesta se establecen también como agravantes de las penas previstas (para aumentar hasta en una mitad) cuando haya reincidencia o la comisión dolosa comprobada, así como la omisión o complicidad.

En la sesión de este miércoles, en la propuesta que se turnó a la Comisión de Justicia, se señala que cada año Guerrero enfrenta una creciente problemática relacionada con los incendios forestales, cuya recurrencia y magnitud amenazan gravemente la integridad de sus ecosistemas, biodiversidad, servicios ambientales y el bienestar de sus habitantes.

Refiere que en la mayoría de los casos estos incendios son provocados o facilitados por acciones humanas dolosas, negligentes o por omisión de autoridades, generando una pérdida irreparable del capital natural, dejando deforestación acelerada, erosión del suelo, disminución de la biodiversidad, aumento de emisiones de gases de efecto invernadero que intensifican el cambio climático y causan afectaciones a la salud humana por exposición al humo y partículas contaminantes y daño al patrimonio natural y cultural, con impactos negativos en la economía local.

Explica que el drástico aumento en la afectación forestal evidencia la necesidad urgente de reforzar el marco legal vigente, justificando así la propuesta de reforma para incrementar significativamente las penas y multas por actos relacionados con la provocación o manejo negligente del fuego, con el objetivo de disuadir conductas que ponen en riesgo nuestros ecosistemas, comunidades y recursos naturales.

Por lo que, señala que su propuesta fortalecerá la protección penal del medio ambiente en el estado al armonizar la legislación local con las mejores prácticas nacionales e internacionales y dar un paso firme hacia el reconocimiento de los derechos de la naturaleza como eje rector de la política ambiental, garantizando el ejercicio pleno del derecho humano a un ambiente sano, proteger los ecosistemas como bienes jurídicos autónomos y establecer una respuesta penal proporcional, justa y efectiva ante una de las principales amenazas ecológicas.