Proponen armonización legal para derecho a una vivienda adecuada

ACAPULCO, Gro., 2 de agosto de 2026.- El diputado Héctor Suárez Basurto (Morena) presentó una iniciativa de reformas a la Ley de Vivienda Social del Estado de Guerrero para que, en armonía con la reciente reforma al artículo 4° de la Constitución Política federal, se garantice el derecho de toda persona a una vivienda adecuada.

De acuerdo con un boletín, en su exposición de motivos, el legislador señaló que la vivienda constituye un elemento fundamental para el desarrollo integral de las personas y las familias, por ser el espacio en que confluye el ejercicio de otros derechos humanos, como la salud, la educación, la seguridad y la convivencia comunitaria.

Indicó que la reforma constitucional publicada el 2 de diciembre de 2024 sustituyó el concepto de “vivienda digna y decorosa” por el de “vivienda adecuada”, lo que representa un cambio sustancial en la protección de este derecho, al incorporar criterios relacionados con la habitabilidad, accesibilidad, servicios básicos, ubicación segura y condiciones que permitan una vida digna.

En ese sentido, su iniciativa propone actualizar los diversos conceptos contenidos en la Ley de Vivienda Social del Estado de Guerrero, así como garantizar que este derecho sea reconocido para todas las personas, bajo un enfoque de inclusión y universalidad.

Igualmente plantea fortalecer el contenido del artículo 64 de la citada ley para establecer de manera expresa que las personas con discapacidad y las personas adultas mayores sean consideradas prioritarias en el otorgamiento de créditos, estímulos, apoyos y ayudas destinados al acceso a una vivienda adecuada.

Suárez Basurto destacó que estas reformas permitirán consolidar políticas públicas orientadas no sólo a la construcción de viviendas, sino a la creación de hogares funcionales, accesibles y acordes con las necesidades de la población guerrerense, particularmente de quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

Finalmente, subrayó que la propuesta no implica nuevas cargas presupuestales inmediatas, sino que busca brindar certeza jurídica y adecuar la legislación estatal a los nuevos estándares constitucionales y de derechos humanos en materia de vivienda.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Vivienda para su análisis y dictaminación correspondientes.