Proponen cárcel en Guerrero por hacer llamadas falsas de emergencia

CHILPANCINGO, Gro., 28 de junio de 2026.- El diputado Héctor Suárez Basurto presentó una iniciativa para adicionar el artículo 371 Bis al Capítulo III, denominado “Sabotaje”, del Código Penal del Estado de Guerrero, con el propósito de sancionar a quienes realicen llamadas, denuncias o reportes falsos a los números de emergencia que provoquen la movilización injustificada de corporaciones policiales, bomberos, servicios de salud, protección civil u otras instituciones de auxilio.

Un boletín indicó que, la propuesta, turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación, plantea imponer penas de seis meses a un año de prisión, además de multas de 100 a 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA), a quienes, de manera deliberada y con conocimiento de su falsedad, utilicen medios telefónicos, digitales o mensajes de texto para generar reportes apócrifos que distraigan recursos destinados a la atención de emergencias reales.

Al exponer en tribuna los alcances de la reforma, el legislador explicó que las líneas de emergencia constituyen una infraestructura estratégica para proteger la vida, la integridad física y el patrimonio de la población, por lo que su uso indebido representa un riesgo para la seguridad pública y afecta la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas del auxilio.

Refirió que en Guerrero una proporción considerable de los reportes recibidos por los servicios de emergencia corresponde a llamadas improcedentes o falsas, lo que ocasiona el desgaste de recursos humanos y materiales, incrementa los costos operativos e impide que las corporaciones atiendan oportunamente situaciones que realmente ponen en peligro a la ciudadanía.

Por ello, señaló que la iniciativa busca distinguir entre los reportes realizados de buena fe y aquellos efectuados con dolo, estableciendo responsabilidad penal únicamente cuando exista conocimiento de la falsedad del aviso y éste genere la movilización innecesaria de las autoridades.

Asimismo, destacó que la propuesta pretende erradicar conductas que obstaculicen el funcionamiento de los sistemas de emergencia y fortalecer una cultura de responsabilidad ciudadana, garantizando que ambulancias, patrullas, bomberos y personal de protección civil destinen sus esfuerzos a la atención de incidentes reales que requieran una respuesta inmediata.