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ACAPULCO, Gro., a 23 de marzo del 2021.- La diputada Guadalupe González Suástegui presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para establecer los criterios de proporcionalidad, pluralidad y paridad de género en la integración de la Comisión Permanente, con el objeto de crear mayor inclusión, participación y representatividad.
De acuerdo con un boletín, la diputada promovente expresó que la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, en su artículo 138, establece que la Comisión Permanente será electa por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes en la penúltima sesión de cada período ordinario de sesiones, misma que se integrará por las y los integrantes de la Mesa Directiva y siete vocales.
Externó, sin embargo, que actualmente la Ley no establece reglas de proporcionalidad, pluralidad ni paridad en la integración de la Comisión Permanente, lo que hace necesario reformar el ordenamiento para lograr la debida representación de todas las fuerzas políticas, por consenso de la Junta de Coordinación Política.
La iniciativa de reforma plantea que la Comisión Permanente se integre de manera proporcional conforme al número que cada grupo o representación parlamentaria posean en el Pleno, debiendo estar integradas todas las corrientes ideológicas representadas en el Congreso y observando el principio la paridad entre los géneros.
También propone agregar que en la Comisión Permanente sólo podrán tener voz y voto las y los diputados que hayan sido designados por el Pleno, como la o el diputado titular o suplentes citados en el Acuerdo de la Junta, salvo aquellos que intervengan únicamente con voz pero sin voto para presentar y argumentar dictámenes de proposiciones en representación de la comisión dictaminadora respectiva, o para la presentación de iniciativas de leyes y decretos, y proposiciones de su autoría.
Esta propuesta de reforma y adición a los párrafos segundo, tercero y cuarto del artículo 138 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo número 23 fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para su análisis y dictaminación.