Proponen reforma para erradicar matrimonio forzado y venta de niñas

CHILPANCINGO, Gro., 17 de septiembre de 2019.- La diputada de Morena, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Erika Valencia Cardona propuso reformar la Ley 417 para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas, para incluir a los pueblos originarios en la prevención y concientizarlos de que la dote puede constituir un delito.

Al fundamentar su iniciativa, que fue enviada a comisiones unidas de Igualdad, Derechos Humanos, y Asuntos Indígenas para su opinión, la legisladora indicó que a pesar de que existe la Ley 417 prevalece el problema de la trata de personas, el matrimonio forzado y la práctica de la dote, ante lo cual consideró importante incluir a los pueblos originarios, sin afectar su derecho constitucional a autogobernarse.

“Lo anterior no implica impulsar la desaparición de las tradiciones de nuestros pueblos, ni imponer a los pueblos originarios lineamientos cuando tienen el derecho de regirse por sí mismos, lo que se busca es establecer las bases mínimas para que puedan erradicar el delito de trata de personas en sus comunidades”, expresó.

Agregó que el matrimonio forzado o a cambio de una dote es un problema grave que subiste en muchos pueblos del estado de Guerrero, y que representa una violación a los derechos humanos de la juventud, por lo cual se busca evitar que se vean como negocio.

Informó, con base en datos del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, que la venta de niñas se mantiene en municipios como Cochoapa El Grande, Metlatónoc, Atixtlac y Acatepec, en donde los padres entregan a sus hijas en matrimonio al cumplir los 12 años a cambio de una dote, en algunos casos de hasta 100 mil pesos.

“En conclusión, unas 300 mujeres han sido dadas en matrimonio sin su consentimiento, a cambio de una dote, en el caso de las niñas y adolescentes forzadas a un matrimonio, el 49 por ciento sufre violencia física, el 68 por ciento violencia sexual y el 16 por ciento más violencia económica en comparación con aquellas que se unieron después de la mayoría de edad”, detalló.

La iniciativa de decreto modifica diversas disposiciones en las que se indica que tanto la Fiscalía General del Estado como las dependencias estatales y municipales coadyuven en asambleas de pueblos originarios para prevenir y erradicar la trata, especialmente los matrimonios forzados y la práctica de la dote.

También se establece que las asambleas, que son el máximo órgano en las comunidades, participen en la erradicación y de trata y matrimonio forzado; informen a sus habitantes sobre la Ley, y concienticen a los padres o tutores del derecho que tienen los hijos a elegir con quien unir su vida en matrimonio, de lo contrario podrían constituir un delito.