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ACAPULCO, Gro., 4 de marzo de 2022.- Para que los ayuntamientos garanticen una vigilancia permanente de la calidad del agua en los ecosistemas acuáticos y prohíba en ellos el vertedero de drenajes y/o aguas contaminadas, la diputada Yoloczin Domínguez Serna propuso reformas a la Ley de Aprovechamiento y Gestión Integral de los Residuos del Estado de Guerrero.
De acuerdo con un boletín, al presentar su iniciativa en la sesión ordinaria de este jueves, la legisladora refirió que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, y que el Estado debe garantizarlo.
Asimismo, que la federación, estados y municipios ejercerán sus atribuciones en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, como lo señala la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, entre otros ordenamientos legales.
Manifestó que uno de los grandes problemas ambientales que predomina en la entidad, en especial en el municipio de Acapulco, es el vertedero de aguas negras o residuales en los ecosistemas acuáticos, como en la playa Icacos que cuenta con certificación de bandera Blue Flag otorgada por organizaciones europeas, donde se ha documentado que durante la temporada de lluvias el cauce fluvial hace que el agua se vierta en el mar y lo contamine.
Indicó que, además de los vertimientos a lo largo del año, durante el estiaje hay personas inconscientes cuyas casas no están conectadas al drenaje hidrosanitario, y por ende, en todos estos lugares se van formando represas, sedimentaciones y estancamiento del agua.
Agregó que entre las principales causas de la contaminación de las playas están: los drenajes deficientes o nulos, plantas de tratamiento ineficientes o sobrecargadas, descargas de aguas residuales, residuos de botes, embarcaciones, de personas o animales en la playa, y arrastre de residuos por lluvias, por mencionar algunas.
Aseguró que esta problemática conlleva afectaciones severas en la salud pública, por los microorganismos patógenos y sustancias tóxicas, afectaciones externas en la piel, ojos y oídos, así como al medio ambiente y, sobre todo, económicas, por la reducción del turismo.
Por ello, consideró necesario plasmar y asegurar la congruencia jurídica de las leyes para estipular lo propio sobre la protección de los recursos naturales y ecosistemas, y que los ayuntamientos que cuenten con cuerpos de agua apliquen una normativa específica en su bando municipal.
Además, que implementen programas permanentes de monitoreo y contemplen la utilización de sistemas de alerta y cierre de playas por la calidad del agua en los municipios con costa, ya que sin monitoreo no hay garantía de que una playa ni ningún otro cuerpo de agua esté libre de contaminación.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Recursos Naturales, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático, para su análisis y emisión del dictamen correspondiente.