Proponen sancionar a quien incumpla resoluciones fiscales en Guerrero

ACAPULCO, Gro., 13 de marzo de 2026. – Con el objetivo de
garantizar la ejecución efectiva de sentencias laborales, la diputada
Beatriz Vélez Núñez presentó una iniciativa para reformar la Ley
Número 248 de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de
Guerrero y la Ley Número 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio
del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos
Coordinados y Descentralizados.

De acuerdo con un boletín, en la sesión ordinaria, la legisladora explicó que la propuesta busca establecer sanciones directas para los titulares de dependencias y ayuntamientos que incumplan resoluciones judiciales. Asimismo, plantea la obligación de que las instituciones públicas integren en sus presupuestos una partida específica para el pago de laudos firmes,
evitando que la supuesta falta de recursos se utilice como pretexto
para evadir obligaciones.

Vélez Núñez señaló que esta reforma atiende una problemática
histórica que afecta a numerosos trabajadores quienes, a pesar de
obtener laudos favorables, permanecen a la espera de justicia.
"Muchas sentencias se quedan en el ámbito formal sin efectos reales,
lo que debilita el derecho al trabajo digno y la confianza de la
ciudadanía en las instituciones", enfatizó.

El proyecto establece la responsabilidad personal de los titulares
cuando exista incumplimiento en la ejecución de sentencias. De esta
manera, las multas correspondientes deberán cubrirse con su
patrimonio personal y no con recursos públicos; además, el desacato
reiterado será catalogado como falta administrativa grave,

vinculándose a los mecanismos de control y fiscalización del servicio
público.

Finalmente, la iniciativa propone que todas las entidades públicas
reserven al menos el 1.5 por ciento de su presupuesto anual para el
cumplimiento de laudos firmes —salvo que no existan obligaciones
pendientes—, con el fin de fortalecer la disciplina fiscal, prevenir el
crecimiento de adeudos por intereses moratorios y garantizar el
respeto a los derechos de las y los trabajadores.

El documento fue turnado a la Comisión de Desarrollo Económico y
Trabajo para su análisis y dictaminación.