
Hoja verde
¿Internet para todos o Regulación de redes?
Gracias a las benditas redes sociales, la gente pudo informarse y romper el cerco informativo.
Andrés Manuel López Obrador (Presidente de México 2018 – 2024).
Una de las citas más conocidas de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre las redes sociales es la siguiente: “Benditas redes sociales.”
Esta frase la ha repetido en varias ocasiones, especialmente durante su campaña presidencial y en los primeros años de su gobierno. Con ella, AMLO expresaba su agradecimiento a las redes sociales por permitirle comunicarse directamente con el pueblo, sin la intermediación de los medios tradicionales que, según él, muchas veces distorsionaban su mensaje.
En un contexto más amplio, en una de sus conferencias matutinas (las “mañaneras”), AMLO dijo algo como: “Gracias a las benditas redes sociales, la gente pudo informarse y romper el cerco informativo.” Con esto, subrayaba su creencia de que las redes jugaron un papel crucial para contrarrestar lo que él consideraba una cobertura injusta o sesgada de los medios convencionales. El actual gobierno de México, ha planteado una propuesta para regular las redes sociales, entendida en los hechos como una forma de censura digital. Esta iniciativa se inserta en un contexto global donde diversos países discuten controlar plataformas digitales, pero con una contradicción flagrante: las redes fueron fundamentales para el régimen llegar al poder y continúan siendo una vía vital para la libre expresión ciudadana.
A principios de 2025, 110 millones de personas en México usaban internet, lo que representa un 83.3 % de la población. De estos internautas, 93 millones (70.7 % de toda la población) estaban activos en redes sociales. Prácticamente el 85 % de quienes usan internet están en redes y el uso está extendido entre adultos, con paridad de género (49 % mujeres y 51 % hombres). México cuenta con 127 millones de líneas móviles activas, lo que garantiza acceso casi generalizado. Estas cifras muestran que, hoy más que nunca, las redes sociales son el principal canal de comunicación, información y organización ciudadana en el país. Ejemplos históricos, como la Primavera Árabe, ilustran claramente cómo las redes sociales pueden desencadenar transformaciones políticas profundas. En Egipto, durante 2011, Twitter, Facebook y YouTube permitieron romper el cerco informativo, organizar protestas masivas y forzar la renuncia de Hosni Mubarak. Las mismas herramientas que permitieron derribar un régimen autoritario fueron, en buena medida, las que facilitaron el acceso a la información y organizaron la ciudadanía.
En México, esas mismas redes fueron esenciales para López Obrador: campañas de denuncia, movilización y difusión de mensajes que marcaron la agenda pública. AMLO no solo comprendió su potencial, sino que lo utilizó con maestría para conectar con millones de mexicanos. Hoy, el gobierno que llegó gracias a las redes busca regularlas —es decir, censurarlas. La propuesta apela a la idea de “evitar manipulación” o “combatir bots”, pero hace agua en sus fundamentos y, sobre todo, en su coherencia.
La reforma a la Ley de Telecomunicaciones contempla facultades para que la Agencia de Transformación Digital bloquee plataformas digitales en casos ambiguos (seguridad nacional, evasión fiscal, “otros motivos”). Las condiciones no están claramente definidas: no se delimita qué constituye “manipulación”, qué tipo de contenidos se considerarían peligrosos, ni qué autoridad realmente dictaría un bloqueo. La presidenta Sheinbaum ha prometido que solo serían bloqueos “por seguridad nacional o evasión fiscal”, sin censura de contenido, pero esto ha sido insuficiente para calmar la crítica en el Senado y en medios, que califican la iniciativa como una “ley mordaza”.
Organizaciones independientes denuncian que sanciones desproporcionadas y mecanismos de “violencia política de género” ya se están usando para silenciar voces críticas —por ejemplo, el caso de Karla Estrella, quien fue sancionada por tuitear críticas a una candidatura de Morena.
Hablar de regulación, en este contexto, es un eufemismo. El control del espectro radioeléctrico y de las plataformas digitales sería trasladado a una agencia gubernamental, bajo discrecionalidad del Ejecutivo. El poder de decidir cuándo silenciar una red social, cerrar un canal o cancelar cuentas recae directamente en el gobierno, sin la independencia que históricamente debía tener un órgano como el IFT (Instituto Federal de Telecomunicaciones).
Ejemplos autoritarios abundan en América Latina: Venezuela, Nicaragua, Cuba, incluso en Rusia. No hace falta retroceder siglos; basta con observar lo sucedido en recientes años: la censura escamotea el acceso a la verdad, atemoriza a la ciudadanía y debilita los contrapesos democráticos.
Con más de 90 millones de usuarios activos en redes, restringir este acceso no solo socava la libertad de expresión, sino que crea mecanismos de control que eran impensables hace una década. Las redes sociales han sido —y deben seguir siendo— espacio de denuncia, crítica, organización, información y pluralidad.
La ciudadanía mexicana ha demostrado a lo largo de los años su capacidad de autogobernarse, movilizarse y construir democracias más participativas gracias, en buena parte, a estas plataformas. Intentar censurarlas es iniciar un camino peligroso hacia el autoritarismo.
La incoherencia del discurso gubernamental es evidente: si las redes fueron esenciales para llegar al poder, ¿por qué ahora se les considera problemáticas? El gobierno parece confundir transparencia con control. Regular no es lo mismo que censurar, pero las condiciones propuestas, la opacidad y la discrecionalidad convierten cualquier regulación en puerta al autoritarismo.
Para un régimen que presume de ser popular y cercano al pueblo, esta propuesta resulta contradictoria: se está atacando un instrumento que representa la voz ciudadana. Si bien es legítimo discutir la responsabilidad de las plataformas (bots, desinformación, odio), la solución correcta es fortalecer la transparencia, la alfabetización digital, la fiscalización de campañas, sin debilitar el fundamento mismo de un sistema democrático: la libertad de expresión y el acceso irrestricto a la información. México tiene hoy un ecosistema digital robusto: uno de cada tres mexicanos está activo en redes, con internet masivo y una población joven y comprometida. Desconectar o silenciar estas plataformas equivale a blindar al gobierno frente a la crítica, extinguir el pluralismo y anclar una oposición ciudadana frágil.
La regulación —bien entendida— es bienvenida, pero no debe convertirse en camisa de fuerza. Las redes sociales deben seguir siendo un espacio libre, vigilado, pero no silenciado. El gobierno tiene la obligación de proteger la democracia, no de erosionarla.
Si todo lo que hacen es para tutorizar, no para apoyar, estamos frente a un régimen que inicia su pendiente autoritaria. Es el deber de las y los ciudadanos mantenerse alerta y defender su derecho a la información: no habrá salida si permitimos que el gobierno empiece a cerrar caminos antes abiertos. Es importante que den marcha atrás. Si no lo hacen, sería el inicio de la debacle del actual régimen. Creo que deben de recordar que solamente Juntos, Logramos Generar: Propuestas y Soluciones.
JLG