Propuestas y soluciones

La situación en Colombia

La violencia en Colombia no es un problema, es una estrategia.

Álvaro Gómez Hurtado (expresidente de Colombia, asesinado en 1995).

Colombia vive de nuevo un ciclo de crispación. La elección del abogado Héctor Alfonso Carvajal como magistrado de la Corte Constitucional, el 20 de mayo de 2025, fue el detonante. Carvajal, de 66 años, había sido abogado personal de Gustavo Petro y mediador entre el hoy presidente y Álvaro Uribe, además de representar judicialmente a personajes como Daniel Quintero y a los hijos del propio Uribe. Su cercanía con el mandatario y su edad —tendrá que retirarse a los 70 años— suscitaron dudas sobre la independencia de la Corte y la paridad de género, pues solo tres de los nueve magistrados son mujeres. La oposición consideró su nombramiento un golpe a la institucionalidad; entre los más críticos estaba el senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, nieto del expresidente Julio César Turbay, quien en redes sociales cuestionó la decisión.La reacción del presidente fue frontal. El equipo jurídico de Uribe recopiló al menos 43 mensajes de Petro contra el senador publicados en 2024 y 2025. En un trino (X) del 5 de junio —dos días antes del atentado— el presidente preguntó: “¿El nieto de un presidente que ordenó la tortura de 10 000 colombianos hablando de ruptura institucional?”, aludiendo al Estatuto de Seguridad que Julio César Turbay promulgó en 1978 para combatir a la guerrilla. En otro mensaje, Petro increpó: “¿Vas a llevar, Miguel Uribe, como tu abuelo, a diez mil colombianos a la tortura para frenar al pueblo?”. Para la defensa del senador, esos trinos y otros mensajes donde acusaba a Uribe de sabotear reformas o de ser cómplice de la oligarquía crearon un clima hostil que alentó el odio. El abogado Víctor Mosquera, representante de la familia, denunció ante la Comisión de Investigación de la Cámara un posible delito de hostigamiento e indicó que Petro “no incitó directamente al ataque, pero generó un ambiente de odio”.                                                                               

El presidente, por su parte, negó cualquier responsabilidad. El 11 de junio declaró que él y los sectores populares “no son culpables” y que el ataque “no fue para favorecer a los detenidos” ni buscaba exonerar a criminales. Aun así, reconoció que moderaría su discurso. La polarización era evidente: mientras el exmandatario Álvaro Uribe lo acusó de “cobarde” y de incentivar la anarquía, el presidente llamaba a no instrumentalizar la violencia.                                                                                                                        

El 7 de junio de 2025 la polarización se transformó en violencia. Durante un mitin en el barrio Modelia de Bogotá, un menor de 14 años disparó al menos seis veces contra Miguel Uribe. El atacante, vestido con chaqueta gris y gorra roja, escapó en moto y luego fue capturado; declaró que le habían pagado 20 millones de pesos (unos 4 800 dólares). La investigación reveló que el arma, una pistola Glock 9 mm, había sido comprada en Arizona (Estados Unidos) en 2020. Aunque el menor fue presentado como autor material, la Fiscalía analizó más de 1 000 videos y 23 entrevistas y concluyó que detrás existía una red de sicarios. La Fiscalía considera al menor una víctima del reclutamiento por bandas criminales y busca a los autores intelectuales.                                                                                                                                    

El ataque causó estupor. ParlAmericas, red que agrupa a parlamentos del continente, condenó el atentado el 9 de junio, expresó solidaridad con el senador y pidió una investigación exhaustiva e imparcial. Gobiernos como los de Chile y Ecuador, e incluso políticos estadounidenses, mostraron su repudio. El 15 de junio miles de ciudadanos salieron a la Marcha del Silencio, convocada por el Centro Democrático, para exigir justicia y rechazar la violencia.                                                                                                                                          

A mediados de julio, la Fiscalía anunció la captura de un sexto implicado. La persona se entregó voluntariamente y “habría sido designada para sacar de las inmediaciones del parque El Golfito al adolescente que realizó el ataque”. Se le imputaron delitos de tentativa de homicidio agravado, concierto para delinquir y porte de armas. Entre los seis detenidos están el menor de 15 años, cuatro adultos y Elder José Arteaga Hernández, alias ‘el Costeño’, identificado como coordinador del atentado.                          

Miguel Uribe, de 39 años, continúa hospitalizado con pronóstico neurológico reservado. La Fiscalía se enfrenta a un desafío mayor: demostrar quién ordenó el ataque y desactivar la red de sicarios que articula crimen organizado y sicariato. 

El recrudecimiento de la violencia abrió grietas dentro de la clase política. El 9 de junio, el expresidente Andrés Pastrana afirmó en NTN24 que existe un “responsable directo” y señaló a Gustavo Petro. Según Pastrana, el mandatario “ha sembrado odio y división”, por lo que “quien cosecha odio, recoge sangre”. Pidió una comisión internacional que investigue el atentado, argumentando que las instituciones colombianas están dirigidas por exguerrilleros del M‑19 y no garantizan confianza. Insinuó, además, que el clima de caos podría ser usado para cancelar las elecciones de 2026. Estas declaraciones abonaron a la polarización: sectores afines al Gobierno acusaron a Pastrana de explotar la tragedia y de sembrar temor.                                                                                                                  

Desde la oposición, la molestia no se limitaba al atentado. El proceso de designación de Carvajal seguía generando tensiones. Un recurso ante el Consejo de Estado buscaba anular su elección argumentando que al haber sido abogado de Petro se vulneraba la independencia judicial y que su edad impediría culminar el periodo. Miguel Uribe insistía en redes en que la Corte Constitucional no podía estar “capturada” por aliados del Gobierno, y señalaba que Carvajal debía declararse impedido en casos relacionados con las reformas de Petro. La Presidencia defendió la legalidad del proceso y calificó la demanda como improcedente.                                                                                                                                 

Los hechos de junio de 2025 muestran un deterioro preocupante de la convivencia política. La combinación de polarización ideológica, estigmatización personal y redes de sicarios ha demostrado ser explosiva. La violencia política no es nueva en Colombia, pero en este caso se mezcla con la fragilidad institucional: los debates sobre la Corte Constitucional, el constante enfrentamiento entre el Ejecutivo y la oposición y la utilización de discursos de odio crean un caldo de cultivo peligroso. Las palabras de Pastrana —“quien cosecha odio, recoge sangre”— resumen el sentir de quienes piden moderación; sin embargo, señalamientos tan directos también alimentan la confrontación.                                                               

Para preservar la democracia, varios actores exigen un cambio de tono. ParlAmericas recordó que la violencia nunca puede ser una vía para dirimir diferencias y pidió a todos los actores “contribuir a la construcción de un clima de respeto, diálogo y tolerancia”. El reto es lograr que las instituciones respondan con transparencia: esclarecer quién y por qué ordenó el atentado, evitar la impunidad y garantizar la independencia de la justicia. Por su parte, el Gobierno debe entender que la retórica incendiaria tiene consecuencias y que la crítica política no puede convertirse en persecución personal. La oposición, a su vez, debe evitar la instrumentalización de la violencia para fines electorales.                                  

El atentado a Miguel Uribe no solo puso en riesgo la vida de un senador opositor, sino que mostró las fisuras de un sistema político cansado de confrontaciones. A un año de las elecciones presidenciales de 2026, Colombia se enfrenta a una encrucijada: o profundiza la espiral de odio y violencia, o apuesta por el diálogo democrático. La sociedad civil ya ha dado un ejemplo con la Marcha del Silencio. Ahora le corresponde a las élites políticas bajar el tono, respetar las reglas de juego y demostrar que, a pesar de las diferencias, la vida y la democracia son valores innegociables. Espero que los políticos colombianos, recuerden que solamente Juntos, Logramos Generar: Propuestas y Soluciones. 

JLG