Extensión de mandato

La ley debe ser como la muerte, nadie está fuera de su alcance.

Montesquieu (Filósofo Francés) (1689-1755).

En los procesos electorales de 2019, dos estados, Puebla y Baja California, renovaron gobierno estatal. En ambos ganó Morena, el partido que hoy se encuentra en el poder en el ámbito federal. En Baja California, después de treinta años ininterrumpidos de gobierno panista, el triunfo de Morena fue apabullante, mayor aún que el logrado por AMLO a nivel federal. Se votó por un gobernador de transición de corta duración, de la misma manera que se ha hecho en otras entidades estatales, con el fin de ir empatando los procesos electorales federales con los locales. El gobernador electo fue votado por dos años, para que en el 2021 hubiera un cambio, de manera simultánea con las elecciones intermedias.

El gobernador Jaime Bonilla, quien antes había ganado con amplio margen también el escaño senatorial en 2018, seguramente debió haber considerado que dos años eran pocos para poder darle respuesta al electorado de esa entidad y desde el mismo proceso intentó alargarlo. Su operador político Amador Rodríguez Lozano, quien ha sido diputado federal y senador de la república por el PRI, tuvo una respuesta para extender el mandato, logró que el congreso local de Baja California extendiera el mandato hasta el año 2024, ¿de a cómo lo logró? No lo sabemos con exactitud, se habla hasta de un millón de dólares entregado a algunos de los diputados locales que alegremente votaron de manera irresponsable un hecho inconstitucional.

La elección de 2019 fue para contar con un gobernador por dos años, los electores el día que acudieron a las urnas y depositaron su voto, así lo decidieron, no puede decirse ahora que van por más tiempo, como tampoco podrían limitarlo a menos tiempo. Es un absurdo total.

La acción a todas luces inconstitucional, provocó incluso la división dentro de las filas de Morena. Voces como la de Porfirio Muñoz Ledo, se hicieron escuchar y se ha llegado incluso a poner en la mesa la opción de la desaparición de poderes, otra opción es la controversia constitucional, el mismo director jurídico de la presidencia de la república, es quien debe de llevar el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obviamente fallará en contra de esta aberración jurídica. Lo más grave del tema es lo que se maneja del tema del soborno directo a los diputados locales para lograr la consabida extensión del mandato. Esto mancha de entrada el ejercicio de gobierno del hoy gobernador electo. El tema traía historia, el Tribunal Electoral del Estado había intentado modificar el período para hacerlo de seis años, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), votaron por unanimidad dejar sin efecto la sentencia ante la inconformidad mostrada por PAN, PRI, PRD y Partido de Baja California, quienes argumentaron que esta decisión favorecía al candidato de Morena, Jaime Bonilla, a fin de que permaneciera en el gobierno por seis años. Así que los ciudadanos de Baja California votaron por un Gobernador de dos años y diez meses, no de cinco ni de seis años.

Ante la acción inconstitucional, la única salida política es la mencionada. El solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que revoque la decisión del congreso. Esto limitaría el tiempo de gobierno al original, otra opción, la más drástica, es la de la desaparición de poderes, que provocaría que Jaime Bonilla no asumiera como Gobernador, el nombramiento de un Gobernador Interino y convocar a nuevas elecciones. Me inclino por la primera opción, es la que menos daño hace. Lo que no es posible es que se permitiera extender el mandato. La presidenta de Morena en una postura que es cercana a la ignorancia, argumentó que es una locura tener elecciones cada dos años. Palabras textuales: “La ampliación del período de dos años a cinco es algo que la ciudadanía está pidiendo, porque dos años son pocos”. ¿Qué pasaría si después consideran que son pocos seis años para la Cuarta Transformación? ¿Se ampliaría el período a ocho años? ¿A diez? ¿A doce?

Esto sentaría un precedente muy peligroso, en cualquier otra entidad. Los estados son soberanos, de acuerdo, pero se rigen también con la normatividad de la constitución general de la república, en el marco del pacto federal. La postura del ejecutivo federal de que hay que irse acostumbrando a que hay poderes autónomos e independientes, no satisface a los constitucionalistas ni a los juristas. El mismo Cuauhtémoc Cárdenas, tres veces candidato presidencial, se manifestó en contra de la decisión tomada en el Congreso Local de Baja California.

El presidente debe de asumir su rol y ser garante del respeto a la Constitución General de la República y no ser omiso. Si él no lo hace, lo harán otros actores políticos, pero quedaría en entredicho la posibilidad de una actitud de parcialidad, hacia un representante de su partido. Una omisión que no pasará jurídicamente hablando, pero en la que su silencio le cobra una factura muy cara.

Solamente respetando la ley, podemos Juntos Logremos Generar: Propuestas y Soluciones.

En Baja California, es el momento adecuado de hacerlo.

JLG.