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ACAPULCO, Gro., 2 de julio de 2026.- Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) protestaron afuera de sus instalaciones en la zona Diamante este puerto, por el despido masivo a nivel nacional de 43 empleados del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), dos de ellos adscritos a este estado.
A las 10 horas de este jueves, cerca de 40 inconformes se reunieron afuera del Poder Judicial de la Federación, donde expresaron su respaldo a los trabajadores sociales y peritos despedidos por un supuesto recorte presupuestal.
Advirtieron que la medida genera incertidumbre entre la base laboral, ante la posibilidad de que continúen los recortes de trabajadores.
La oficial administrativa del Instituto Federal de Defensoría Pública, María Vianey Navarro explicó que los despidos fueron notificados esta semana bajo el argumento de un recorte presupuestal, medida que rechazó, debido a que el presupuesto para el ejercicio fiscal de este año ya había sido aprobado.
Indicó que en Guerrero una de las despedidas es la trabajadora social Judith Rocío Gama, quien estaba por cumplir siete años de servicio, por lo cual ahora el estado se quedó sin un trabajador de esa especialidad.
La defensora pública federal, Verónica Zárate señaló que los trabajadores sociales desempeñan funciones indispensables para la prestación del servicio de defensa pública, como visitas a comunidades y centros penitenciarios, estudios socioeconómicos, localización de familiares, protección de niños y adolescentes, así como la gestión de traslados y permisos humanitarios.
En tanto, la representante sindical Mariela Pineda afirmó que aunque los trabajadores despedidos ocupaban plazas de confianza y no pertenecen a un sindicato, cuentan con el respaldo de la base trabajadora del Poder Judicial de la Federación.
Afirmó que la reducción de trabajadores también afectará a quienes permanecen en sus cargos, debido al incremento de la carga laboral, y llamó al presidente del Órgano de Administración Judicial, Néstor Vargas a reconsiderar la medida y privilegiar alternativas que no vulneren los derechos laborales.