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Se reúnen diputados de Guerrero y alcaldes para fortalecer coordinación
Antonio Helguera Jiménez
En las últimas semanas observamos un amplio y áspero debate público sobre la situación que viven las mujeres en México. Desde el surgimiento del movimiento denominado #MeToo en las redes sociales, hasta las protestas de las mujeres en varias ciudades de nuestro país, principalmente en la Ciudad de México, son notorias las muestras de hartazgo de quienes padecen actos de violencia, acoso, misoginia, machismo y violación. También reafirman la idea de que el Estado mexicano, a pesar de los avances legales e institucionales de los últimos años, resultan insuficientes para garantizar el pleno desarrollo integral de la mujeres.
En esta discusión, un sector de los grupos feministas que han lidereado esta nueva ola de protestas, señalan que este movimiento es de las mujeres, para las mujeres y por las mujeres. Algo que tiene justificada razón, pues son ellas quienes padecen a diario situaciones que a pesar de la violencia generalizada, se enfoca en particular a mujeres, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad y en la que las autoridades no solo han sido incapaces de prevenir o castigar, sino que se han presentado casos en que representantes de la autoridad son quienes han perpetrado actos de violencia contra ellas. Por ello es legítimo su reclamo de que el movimiento no se limita a protestar o exigir, sino a reivindicar su lucha contra un modelo estructural arraigado en el machismo y el patriarcado.
No obstante, debemos reconocer que la solución a esta grave situación debe provenir del conjunto de la sociedad. Si bien son las mujeres quienes deben encabezar las causas de su movimiento, es la sociedad en su conjunto la que permitirá que las soluciones sean sistémicas y de fondo. Se ha señalado que la violencia contra las mujeres, como el feminicidio, el acoso o la agresión sexual, son fenómenos multifactoriales que surgen desde la cultura machista que prevalece en las relaciones de género hasta la impunidad que se convierte en un salvoconducto para aquella personas que no recibe castigo por agredir física, verbal o sexualmente a una mujer.
Quienes tenemos una responsabilidad política como representantes populares, no podemos ni debemos hacernos a un lado de esta agenda pública. Debemos trabajar arduamente para reforzar las instituciones y políticas públicas que atienda las causas del problema. Sin duda es un tema complejo que requiere de diagnósticos y análisis puntuales y contextualizados, ya que si bien la violencia de género es una problemática común en varios estados del país, las causas pueden variar de acuerdo a la región que se trate.
Sin embargo, hay aspectos que son urgentes de atender y que está en la esfera de responsabilidad de las autoridades. Por una parte, la transversalidad de la perspectiva de género en todas las instituciones y niveles de gobierno. Toda institución pública, gobierno, órgano de representación debe contar con protocolos de prevención y atención a situaciones acoso, violencia o discriminación contra las mujeres; además, de profundizar las capacitaciones a todos los servidores y funcionarios públicos, integrantes de los cuerpos de seguridad pública y atención de emergencias en perspectiva de género. Y el asunto no es solo contar con estos protocolos o capacitaciones, sino que se llevan a la práctica como parte de la cultura organizacional de las instituciones.
Otro aspecto que debemos atender de manera inmediata es revisar el marco jurídico que homologue los delitos de feminicidio, acoso, ciberacoso y violación en todas las entidades federativas. Además, reforzar la regulación de servicios de transporte, ya sea el concesionado o a través de aplicaciones digitales, con la finalidad de garantizar que los conductores sean plenamente identificados por las mujeres que hacen uso del transporte y evitar en lo posible que se cometan privaciones ilegales de la libertad, violaciones o hasta homicidios.
Siguiendo en el plano legislativo, es preciso eliminar en las leyes cualquier resabio que implique la revictimización de las mujeres en casos de violencia de género, intrafamiliar, acoso y ciberacoso. Una de las razones de que las mujeres no denuncian a sus agresores es que el proceso de denuncia induce a la revictimización de la mujer e impide el castigo al agresor.
Como se ha señalado, el problema de la violencia de género es un asunto multifactorial y complejo. Pero es urgente seguir trabajando para erradicar las prácticas en contra de las mujeres. Sin duda, esto comienza desde casa, cambiando las prácticas que reproducen el machismo en las familias, discriminando a las niñas en beneficio de sus hermanos varones. De igual forma, la educación en las escuelas es de suma importancia, porque son en los primeros años cuando las conductas antisociales adquieren mayor arraigo cultural.
El camino a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres tiene un trecho por recorrer. Pero estoy convencido en que juntos, más allá de las diferencias de género, podemos trabajar unidas, mujeres y hombres, para superar este gran desafío que es garantizar la tranquilidad y seguridad a las mujeres.