Teléfono rojo
En la reciente reunión de la Conago y el Gabinete de Seguridad Federal, los gobernadores se comprometieron a la formación de grupos de inteligencia operativos, a fin de definir estrategias de atención sobre “objetivos específicos”.
Se lograron acuerdos para combatir el sicariato, la corrupción política, judicial, ministerial y policial, así como el combate a la base social y estructuras financieras.
Se acordó poner mayor énfasis en la creación de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPEs) a nivel estatal, con las cuales se informará del registro único de la propiedad y comercio, registro civil, catastral e impuestos estatales.
Se comentó en la reunión del gabinete de seguridad y gobernadores que la UIPEs tendrán la finalidad de prevenir y combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita como lavado de dinero y financiamiento a actividades ilícitas, entre otras.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, pidió la adecuación al marco jurídico, ya que solo 16 entidades federativas cuentan con la adscripción reglamentaria de su UIPEs, toda vez que dichas unidades cuenten con equipamiento, podrán recolectar información en el registro público de la propiedad y de comercio, registro civil y catastral, así como a través ingresos generados e impuestos estatales o municipales.
Santiago Nieto, tambien pidió adecuación al marco jurídico, ya que solo 21 entidades federativas tienen tipificado el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Por cierto, sería oportuno saber si Guerrero ya hizo la adecuación legislativa al marco jurídico para la creación de la UIPEs, o si las y los legisladores del Congreso Local tienen conocimiento o ya legislaron sobre la materia, o bien, saber desde cuando está operando la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, cuya finalidad es cerrar el círculo al combate de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, sin embargo, como dice el refrán popular, “el buen juez por su casa empieza” y seria muy importante que los funcionarios de primer nivel, federal, estatal y municipal; legisladores federales, estatales y regidores; magistrados jueces y todo el aparato burocrático, pusieran el ejemplo en la transparencia de sus ingresos y bienes patrimoniales.
Como siempre, usted tiene la mejor opinión.