Teléfono rojo
Frente a los enormes problemas económicos, políticos, sociales, de violencia criminal y afectaciones graves a los derechos humanos que enfrenta Guerrero, lo peor que le puede pasar al estado es caer en el inmovilismo, la falta de decisiones y en la inercia que frena los cambios que las circunstancias ameritan.
A últimas fechas el Poder Legislativo de Guerrero ha entrado en el empantanamiento, en el freno a iniciativas legislativas de innegable necesidad social escudados quienes presiden algunas comisiones, como la de Justicia, en la falacia de que es necesario revisar una y otra vez las iniciativas planteadas casi hasta el infinito, en especial las que provienen de Movimiento Ciudadano, cuando cualquier iniciativa proveniente del gobernador la resuelven fast track sin mayor análisis, en la vieja cultura de la línea.
No acaba de llegar cualquier propuesta del Ejecutivo cuando ya le están dando trámite, elaborando y aprobando el dictamen, y presentándolo al pleno para su aprobación. Evidentemente el Ejecutivo y su partido (PRI-Verde) tienen la mayoría parlamentaria para sacar adelante estas propuestas, pero eso no significa pasar lo que sea del gobernador y bloquear todo aquello que provenga de otras fuerzas legislativas por el sólo hecho de su origen político.
Las iniciativas que no tienen origen gubernamental las frenan, las congelan y dilatan con pretextos de diferente naturaleza (incluyendo incluso iniciativas que provienen de legisladores tricolores). Toda la argumentación dilatoria la construyen señalando lo que supuestamente le falta a las iniciativas y no cómo pueden enriquecerse para sacarlas adelante. Pretextos y más pretextos es lo que esgrimen.
Seguramente sectores duros del oficialismo, en un visión política primitiva y caciquil, deben pensar que de esta manera frenan el impulso parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, pero en realidad a quien afectan es a los guerrerenses. Por nuestra parte seguiremos impulsando este tema, a pesar de las resistencias e intereses enraizados que frenan los cambios.
Además varias de las iniciativas que hemos presentado los diputados ciudadanos responden a la necesidad de homologar la legislación local a las leyes generales aprobadas por el Congreso federal, como la Ley para Prevenir, Combatir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas; otras derivan de lo que establece la Constitución local, como las relativas a la revocación del mandato y la responsabilidad patrimonial del Estado; y otras llenan vacíos legales que de no corregirse redundarán en mayor impunidad, abuso sexual de menores e inseguridad pública, como las reformas al Código Penal para los delitos del llamado “halconeo” o pederastia, entre otros.
Otras de nuestras iniciativas responden directamente a reclamos ciudadanos, como es el caso de la Ley de Estacionamientos Públicos del Estado, donde planteamos la gratuidad de los estacionamientos en los centros comerciales, para aquellos que compren un bien o consuman alimentos o paguen por un servicio, ante el abuso del costo de estos estacionamientos que dichos lugares deben ofrecer a sus clientes y que son parte de su infraestructura.
De igual manera, se encuentra congelada la iniciativa para legalizar la amapola con fines medicinales, frente a ello hemos decidido, sin claudicar en nuestra lucha en el Poder Legislativo local, pasar directamente a construir una iniciativa ciudadana y juntar las firmas necesarias para presentar esta propuesta directamente ante el Congreso de la Unión, como lo establece el artículo 71, fracción IV de la Constitución Política de la República.
Lo que llama la atención es el doble discurso imperante. Por un lado, el gobernador Héctor Astudillo ha sido reiterativo en pronunciarse a favor de la legalización de la amapola con fines medicinales, pero en el Congreso del Estado la mayoría de su partido ha sido reiterativa en demorar esta iniciativa. ¿Dónde está el freno? ¿Qué intereses limitan la actuación legislativa? ¿Por qué el miedo a dar este paso?
Con la prohibición actual sólo ganan los delincuentes y la narcopolítica, y pierden los campesinos y la sociedad. Se paga, además, una altísima cuota de sangre en asesinatos, desapariciones y violaciones graves a los derechos humanos.
Lo que resulta francamente absurdo es la negativa a procesar nuestras iniciativas para tipificar la pederastia y perfeccionar el delito del llamado halconeo. Actualmente no existe el delito de pederastia en el Código Penal de Guerrero, grave vacío legal que deja la puerta abierta a la impunidad y al turismo sexual en detrimento de los menores.
La iniciativa de pederastia la presentamos desde el 31 de marzo y la de halconeo el pasado 7 de abril. Es decir, tiene 81 días en el Congreso la primera y 74 días la segunda. Recientemente el presidente de la Comisión de Justicia dijo que se llevaría otros 30 días para analizar el tema.
Lo que deseo resaltar es que esas dos iniciativas son muy concretas. Se trata de dos artículos de delitos que lastiman a la sociedad, como quedó evidenciado. ¿Para revisar dos artículos ocupan más de 110 días?
Estos son los artículos propuestos:
PEDERASTIA
Artículo 175Bis.- PEDERASTIA.
A quien, manipule, amenace, obligue, induzca o convenza a un menor de dieciocho años de edad, a ejecutar cualquier acto sexual o conducta sexual indebida con o sin su consentimiento, se aplicará de nueve a veinticinco años de prisión y de setecientos cincuenta a dos mil doscientos cincuenta días multa. La misma pena se impondrá a quien se aproveche de la confianza, subordinación o superioridad que tiene sobre un menor de dieciocho años, derivada de su parentesco en cualquier grado, tutela, curatela, guarda o custodia, relación docente, religiosa, laboral, médica, cultural, doméstica o de cualquier índole, y ejecute, obligue, induzca o convenza a ejecutar cualquier acto sexual con o sin su consentimiento.
Se aplicarán las mismas penas, a quien cometa la conducta descrita del párrafo anterior, en contra de una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o para resistirlo.
Si el agente hace uso de violencia física o moral las penas se aumentarán en una mitad más.
El autor del delito podrá ser sujeto a tratamiento médico integral el tiempo que se requiera, mismo que no podrá exceder el tiempo que dure la pena de prisión impuesta.
Además de las anteriores penas, el autor del delito perderá, en su caso, la patria potestad, la tutela, la curatela, la adopción, el derecho de alimentos y el derecho que pudiera tener respecto de los bienes de la víctima, en términos de la legislación civil.
Cuando el delito fuere cometido por un servidor público o un profesionista en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, además de la pena de prisión antes señalada, será inhabilitado, destituido o suspendido, de su empleo público o profesión de manera definitiva.
“HALCONEO” – DELITO COMETIDO POR INFORMANTES
“Artículo 298. Delito cometido por informantes
Al que aceche, alerte, vigile o realice cualquier tipo de acciones tendientes a obtener o facilitar información de las instituciones de seguridad pública, de procuración e impartición de justicia, para hacer mal uso de ella, con el fin de utilizarla para dar a conocer y avisar a terceros la ubicación, actividades y operativos; así como para evitar que algún miembro de la delincuencia sea detenido o para que éstos puedan concretar una actividad delictiva, se impondrá una pena de cuatro a quince años de prisión y multa de doscientos a mil días multa.
Las penas a las que se refiere el párrafo anterior se aumentarán en una mitad más cuando se utilice a niñas, niños, adolescentes o a personas que no tienen capacidad de comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo.
Las penas señaladas en este artículo se aumentarán desde un tercio más, y se impondrá además destitución del cargo o comisión e inhabilitación definitiva, cuando el delito sea cometido por servidores públicos que pertenezcan o hayan pertenecido a alguna institución de seguridad pública, de procuración e impartición de justicia, se trate de personas morales y del personal en general que brinden o hayan brindado servicios de seguridad privada.
El que cometa el delito descrito, en cualquiera de sus modalidades, no tendrán derecho a gozar de la libertad preparatoria, conmutación de sanciones, remisión parcial de la pena o cualquiera otros beneficios que la ley señala”.
Cuando se presentó el caso de la persona de origen canadiense Walter Zuk que abusó de dos menores en plena avenida Costera de Acapulco, además de la gran indignación social, quedó en evidencia que el delito de pederastia no existe en el Código Penal de Guerrero. Para corregir esa omisión presentamos nuestra iniciativa al respecto, pero se le sigue dando largas al tema, como a la que sanciona a los halcones, informantes de la delincuencia.
Por eso la pregunta que da título a esta colaboración: ¿Quién defiende a los pederastas y a los halcones? ¿Quién aboga por estos delincuentes?
Nuestra intención es que a toda iniciativa que hemos presentado recaiga un dictamen en sentido positivo o negativo (como señala la Ley Orgánica del Congreso) y que cada fracción y representación política asuma su posición frente a estos temas, de cara a la sociedad. Rechazamos la maniobra de congelar las iniciativas, para evitar la definición política. Los proyectos legislativos se deben dictaminar y llevar al pleno del Congreso. Así lo dice la ley, y es un asunto de responsabilidad política y social. No quitaremos el dedo del renglón.
*El autor es coordinador de la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado.