Real política/Rubén Islas

La Judicatura ante el Demos

V Último

¿Cómo elegir? La democracia puede ser cualquier cosa inimaginable, pero nunca un sistema en el que no se elija por voto ciudadano a los representantes, esta y no otra es la regla universal de la democracia: elegir por el voto ciudadano. Cualquier argumento que no acepte este principio es contrario a la democracia, democracia es elegir, si no gustan las elecciones entonces acéptese otras formas de gobierno como la monarquía o la aristocracia.

El modelo actual de designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal no es democrático, tecnocrático sí pero no democrático. De forma indebida, la constitución otorga a los poderes ejecutivo y legislativo (presidente y senado) la potestad de nombrar a los ministros de la Corte mediante un formato en el cual el ejecutivo propone ternas y el senado designa de esas ternas a quién considera más apto o apta para ocupar el cargo. Con ello se afirma que se protege la profesionalidad y la independencia que obliga el ejercicio de la actividad judicial, un poder tecnocrático e impoluto dentro de una democracia: el poder judicial.

De las distintas reformas que ha tenido el Poder Judicial, la creación del Consejo de la Judicatura es sin duda la más trascendente. Ésta, separó las funciones jurisdiccionales de las administrativas creando un órgano técnico cuyo cometido esencial es el diseño y planeación institucional desde el ejercicio del presupuesto que año con año gasta la judicatura. Sin embargo, el defecto de la reforma que creo al Consejo de la Judicatura Federal, y que se replicó en todos los Tribunales de los Estados, es que este órgano se integra con jueces, magistrados y quien preside a la Suprema Corte de Justicia además de los representantes del poder ejecutivo y del Senado, y no por ciudadanos independientes con expertís en Administración Pública, un mazacote de intereses con intervención de los tres poderes. Por ello, para dotar de una real independencia y profesionalidad al Poder Judicial el primer filtro democrático/electoral sería el de elegir por voto secreto y directo a los consejeros y consejeras de la judicatura federal sujetos a los requisitos de profesionalidad y territorialidad, mediante listas por circunscripción electoral que se registraran en el INE y se votaran cada seis años en las elecciones federales intermedias. Un Consejo de la Judicatura Federal, y de los Estados, autónomo, sin la intervención de jueces, magistrados y la Corte, sería la mejor garantía de combate a la corrupción, acotamiento de espacios de poder y profesionalidad del Poder Judicial, la división del poder en el Poder Judicial.

Así, la siguiente reforma trascendente al Poder Judicial Federal, y replicada en los Estados, sería la de quitarle al Presidente de la República y al Senado, la facultad de designar a los miembros de la Corte para trasladarla al nuevo Consejo de la Judicatura Federal que adquiriría, constitucionalmente, la potestad del voto indirecto para elegir a ministros y ministras de la Corte bajo un sistema de concurso de oposición nacional abierto destinado a juristas que tuviesen el interés de ser parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hablemos con absoluta honestidad, en el actual sistema de designación de ministros y ministras de la Corte intervienen las filias y las fobias ideológicas de los presidentes en turno, un modelo replicado del constitucionalismo americano, y no una selección de Juristas con J mayúscula, sólo abogados afines al presidente en turno que impone o negocia su propuesta en el Senado, según sea que tenga o no los votos en esa cámara. En un nuevo sistema realmente democrático, se integrarían tres principios de gobernabilidad de toda democracia constitucional efectiva, eficiente y representativa: profesionalidad, independencia y representación.

En mi experiencia en el Senado de la República, jamás he visto, en las comparecencias de candidatos y candidatas a ministros de la Corte, intervenciones a la altura de reales juristas, sólo lugares comunes propios de las pláticas aburridas de litigantes como consecuencia de previos pactos políticos o subordinaciones al poder presidencial, por ello cambiar el sistema de designación es más que vital. Un concurso de oposición abierto, para ser miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que postulara ante un Consejo de la Judicatura Federal democrático y ciudadano a ministros y ministras de la Corte sería la mayor de las reformas constitucionales en favor de la República.