Rebasan homicidios en Acapulco 5 veces la media nacional

CHILPANCINGO, Gro., 10 de noviembre de 2015.- En Guerrero continúan los homicidios, torturas y desapariciones. Del 2005 al 2012, los homicidios han aumentado de mil 141 a dos mil 754, así lo consideró la organización internacional Open Society Justice Initiative durante la presentación de su informe denominado Justicia fallida en el estado de Guerrero.

El acto se realizó esta mañana en la sala José Francisco Ruiz Massieu, del Congreso del Estado  organizada por la Comisión de Seguimiento del Caso Ayotzinapa que encabeza el diputado de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja.

En la presentación, la coordinadora del proyecto de justicia penal para América Latina, Ina Zoon manifestó que en Guerrero existe omisión a las leyes de derechos humanos tanto del Ejecutivo como  del legislativo.

Prueba de ello, dijo, en el 2014 Guerrero tuvo la mayor tasa de homicidios reportados en México, que llegó a 48 homicidios por cada 100 mil habitantes, según las cifras del gobierno federal.

Señaló que esta tasa es tres veces mayor al promedio nacional, que es de 16 homicidios por cada 100 mil ciudadanos.

También sostuvo que Acapulco, la ciudad más grande de Guerrero, tuvo reportes de 69.60 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo que equivale a cinco veces mayor al promedio nacional en el 2014, comparada con Nueva York, que fue de 40 homicidios por cada 100 mil habitantes.

La ciudad de Chilpancingo ocupó el lugar número dos en 2014 con una tasa de 62.95 homicidios.

La organización internacional criticó que en Guerrero el poder Ejecutivo no respeta la autonomía de los poderes, particularmente del poder Judicial, lo que rompe con las condiciones de un estado democrático, y apuntó que esto muestra que los gobiernos del estado no toman en cuenta los derechos humanos. Además reprobó que la policía municipal en Guerrero trabaje con la delincuencia organizada.

Aseguró que hoy más que nunca los organismos internacionales están observando los nombramientos de los funcionarios públicos, por el parentesco de familia y cercanía con el Ejecutivo.