Rechaza CNDH integrar nueva Comisión para la Verdad de Ayotzinapa

ACAPULCO, Gro., 24 de febrero de 2026.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió que no se prestará al quebranto de la ley ni será parte de “una trama que amenaza echar por tierra lo avanzado en los últimos seis años por el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En un pronunciamiento publicado en redes sociales, el organismo dirigido por Rosario Piedra Ibarra expresó su negativa a integrar una nueva Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del Caso Iguala, por considerar que existe un conflicto de interés, que calificó como insalvable jurídicamente, y que representaría una invasión a las facultades exclusivas del Ministerio Público en el caso de la desaparición de los normalistas, ocurrida la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.

La CNDH informó que en diciembre de 2025 recibió un proveído dictado en el Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Noveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, relacionado con el cumplimiento de un amparo en revisión.

Contó que la respuesta, mediante un oficio fechado el 6 de febrero pasado, expuso la imposibilidad jurídica y material de cumplir en sus términos la ejecutoria.

La postura indicó que su eventual participación implicaría revisar actuaciones anteriormente hechas por la propia institución, pues emitió en noviembre de 2018 la Recomendación 15VG/2018 y actualmente trabaja en un nuevo expediente derivado de la inconformidad de familiares.

Solicitó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejerza la facultad de atracción para conocer del cumplimiento del amparo en revisión 203/2017.

“La participación de la CNDH en la integración de una nueva Comisión de Investigación sobre hechos que ya fueron objeto de un análisis institucional (…) plantea un conflicto de interés, directo y jurídicamente insalvable”, dictó el texto.

Añadió que intervenir en la llamada Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia “implicaría revisar, valorar y eventualmente modificar conclusiones que se han formulado, lo cual comprometería los principios de imparcialidad, objetividad e independencia que rigen nuestra actuación institucional”.

La CNDH advirtió una invasión de facultades del Ministerio Público y remarcó que únicamente dicha figura es el ente técnico jurídico facultado para investigar hechos con apariencia de delitos, conforme al artículo 21 de la Constitución Política Mexicana.

Asimismo puntualizó que permitir que un órgano distinto asuma o condicione funciones propias de la investigación penal “rompe el principio de reserva de competencia y altera el equilibrio constitucional en materia de procuración de justicia”.