Reconoce Función Pública desvíos del Gobierno federal “en algunos casos”

CIUDAD DE MÉXICO, 5 de septiembre de 2017.-  La Secretaría de la Función Pública (SFP) a cargo de Arely Gómez González, aseguró que hay denuncias penales “en algunos casos” revelados por la investigación periodística que señala al Gobierno de utilizar empresas inexistentes para desviar recursos, por lo que la dependencia dijo comprometerse a llegar “hasta sus últimas consecuencias” en un comunicado emitido en los primeros minutos de este martes.

El Gobierno federal, a través de 11 dependencias, habría desviado miles de millones de pesos, según la investigación periodística llamada La Estafa Maestra, que publicó este lunes Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad A. C., (MCCI).

En el reportaje se exhibe que dicha estafa se logró entregando 7 mil 670 millones de pesos en contratos ilegales. Participaron 11 dependencias federales, ocho universidades y más de 50 funcionarios.

Al revisar las cuentas públicas 2013 y 2014, Animal Político y MCCI descubrieron contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos y de este dinero no se sabe dónde quedaron 3 mil 433 millones. Entre las dependencias están Pemex, Sedesol, SCT, Banobras, SEP, entre otras.

De las universidades, destacan la Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Autónoma del Carmen, Universidad Autónoma del Estado de Morelos y la Universidad Popular de la Chontalpa, entre otras.

Al respecto del reportaje, la Secretaría de la Función Pública emitió un comunicado a la medianoche, en donde puntualiza que la información se refiere a resultados de la fiscalización superior de las Cuentas Públicas 2013 y 2014, emitidos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y que ésta notificó a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, como es su injerencia, las acciones correspondientes para atender y solventar las observaciones.

“En algunos casos, la ASF incluso presentó denuncias penales, mismas que están en curso”, refiere el escrito.

“En cuanto tuvo conocimiento oficial de los hallazgos, en su momento y en el ámbito de sus atribuciones, la Secretaría de la Función Pública inició las acciones necesarias para que dichas dependencias y entidades proporcionaran a la ASF la información y documentación que atendiera los requerimientos formulados”, añadió.

La SFP incluso afirma que las dependencias y organismos señalados en la investigación periodística han ido solventando las observaciones junto con la ASF, por lo que corresponde a la propia Auditoría informar sobre el estado en que se encuentra cada anomalía detectada en el uso ilegal de recursos públicos.

“En lo que corresponde a sus atribuciones, después de ser notificada por la ASF, la SFP —mediante los Órganos Internos de Control— realizó las revisiones administrativas necesarias e inició el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de 10 servidores públicos, en tres dependencias federales señaladas en el reportaje”, afirma la dependencia en el comunicado.

Además, puntualiza que actualmente se investiga a otros 40 servidores públicos federales relacionados con las observaciones reveladas en el trabajo periodístico.

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