Reconoce PRD a Tribunal de Baja California por desechar Ley Bonilla

CIUDAD DE MÉXICO, 21 de septiembre de 2019.- La Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) reconoce la respuesta del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (TJEBC) al desechar la llamada Ley Bonilla y dejar sólo por dos años el periodo de gobierno de Jaime Bonilla Valdez al frente del Ejecutivo Local.

A través de un comunicado, la DNE, integrada por Ángel Ávila, Camerino Márquez, Karen Quiroga, Estephany Santiago, Fernando Belaunzarán, Adriana Díaz y Arturo Prida, expresó su confianza en que en su momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva de la misma forma que el TJEBC y evite la ampliación de cinco años ya que de lo contrario vulneraría el principio de certeza en las elecciones y la confianza de la ciudadanía quien votó por un tiempo definido.

Los dirigentes perredistas afirmaron que no sólo su partido ha encabezado la demanda de evitar la ampliación del periodo de gobierno, también el sector empresarial del Estado se ha pronunciado en contra de esta “intentona” al calificarla como una violación a la  Constitución Federal que establece que cualquier cambio debe contar con un tiempo de anticipación de tres meses antes del proceso electoral. 

Recordaron que el PRD, junto con su ex candidato Jaime Martínez Veloz, ha llevado a cabo todas las acciones legales procedentes, desde la solicitud de juicio político en contra de los exdiputados que aprobaron la Ley Bonilla, la denuncia penal en la Fiscalía General de la República para investigar los sobornos que se cometieron con los diputados participantes y la petición ante la Secretaría de Relaciones Exteriores para indagar la doble nacionalidad de Jaime Bonilla.

Añadieron que seguirán atentos para saber la respuesta de la SCJN, que de no ser favorables, continuarán con la organización de la marcha Éxodo por la Democracia y el Respeto de la Legalidad, que partirá de Baja California y Chiapas hasta la Ciudad de México, con el propósito de demandar la cancelación de la llamada Ley Bonilla. 

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