CIUDAD DE MÉXICO, 23 de abril de 2019.- La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observa con preocupación el recrudecimiento de la violencia contra los periodistas por motivos relacionados con su labor profesional en un contexto de violencia generalizada.

Pese a las acciones del Estado, la violencia contra los periodistas continúa y particularmente el asesinato por motivos vinculados con la labor profesional de los trabajadores de prensa.

De acuerdo con el Informe Especial sobre la Situación de la Libertad de Expresión en México, de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, hay diferencias en las bases de datos de instituciones federales en las cifras de asesinatos contra los y las periodistas.

Según información de conocimiento público, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, hasta el 3 de octubre, registró 15 asesinatos de periodistas.

En tanto, las estadísticas publicadas por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), al mes de septiembre, sólo siete homicidios de periodistas derivados de la labor profesional fueron perpetrados.

Los relatores especiales señalan que “no existe un único sistema que obtenga y recopile datos sobre agresiones contra periodistas. Los criterios y la metodología para obtener tales datos difieren entre las instituciones federales y estatales”.

Por ello, recomendaron al Estado mexicano “recopilar y publicar estadísticas detalladas y desglosadas de ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos, incluidos datos relativos al enjuiciamiento penal de estos delitos”.

Casi 200 agresiones contra periodistas, muchas en contexto electoral

De acuerdo con la información pública, el año pasado medios reportaron una cifra cercana a 200 agresiones en contra de periodistas y comunicadores por motivos relacionados con la labor profesional, ocurridas en diversos lugares del país, tales como: amenazas de muerte, agresiones físicas, acoso e intimidación. Muchos de estos episodios estuvieron relacionados con el contexto electoral.

La Relatoría Especial destacó que persiste en México el clima de impunidad en casi la totalidad de los casos denunciados, lo cual apunta a que el Estado debe redoblar sus esfuerzos en las políticas de prevención y protección y procuración de justicia.

Indicó que preocupa que “la impunidad por los asesinatos y otros ataques contra periodistas ha sido documentada por instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, y estos datos sugieren que al menos el 99.6 por ciento de estos delitos aún no han sido esclarecidos”.

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