
Guerra de aranceles entre EU y China, una oportundiad para México
Lo primero es precisar que no es una reforma educativa, se trata de una reforma estrictamente laboral-administrativa. Un reajuste de personal, con una “evaluación punitiva” de por medio.
No atiende este remedo de reforma temas como el proceso de enseñanza -aprendizaje, ni lo relativo a aspectos pedagógicos ni el modelo educativo; tampoco atiende los graves problemas de infraestructura educativa y las condiciones deplorables en que muchos niños y jóvenes acuden a realizar sus estudios en escuelas que no cuentan con lo mínimo indispensable. Es lisa y llanamente una reforma laboral con dedicatoria hacia los maestros y maestras, a quienes se les acusa de ser los culpables del deterioro educativo nacional. De Reforma Educativa no tiene más que el nombre.
Van más de tres años y medio desde que se aprobó esta reforma y la resistencia hacia la misma por miembros del magisterio y diferentes grupos sociales ha ido en aumento. Lejos de disminuir este enojo y malestar se ha incrementado. Ya cobró esta imposición su cuota de sangre en Nochixtlán, Oaxaca con el asesinato de nueve personas y decenas de heridos, pero en diferentes lugares, como en Guerrero y Chiapas, también ha habido lesionados, algunos de ellos de gravedad.
Esta oposición que no cesa. De todas las reformas estructurales es la que más inconformidad ha propiciado por medio de movilizaciones y protestas, aunque en su conjunto todas las reformas del Pacto por México y Enrique Peña Nieto tienen totalmente reprobado este sexenio en la evaluación que arrojan las encuestas, donde más del sesenta por ciento de la población reprueba la gestión presidencial y sus reformas.
Esta oposición a la “reforma educativa” se expresa de diferentes maneras e incluso los grupos más radicales en su rechazo han afectado a ciudadanos que ninguna culpa tienen de esta reforma. Por esa razón hemos reiterado en diferentes foros que entendemos su rechazo y estamos a favor de echar abajo legislativamente esta reforma, pero que no estamos de acuerdo en que se afecte la libertad de tránsito, ni que se cometan actos violentos contra terceros o instituciones.
Los diputados locales de Movimiento Ciudadano apoyamos la derogación de la reforma constitucional “educativa” y la abrogación de sus principales engendros: la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto para la Evaluación de la Educación. Ya actuamos al respecto presentando una iniciativa de reforma a la Constitución Política de la República en el Congreso Local, para que a su vez el órgano legislativo local la envíe al Congreso de la Unión como iniciativa, el problema es que la mayoría parlamentaria siempre se auto censura y no ejerce la facultad consagrada en el artículo 71, fracción III de presentar iniciativas, en parte por la cultura de la línea centralista y claudicante, y por otro lado por la cerrazón del gobierno a reconocer que la reforma educativa ha sido un fracaso y ha polarizado al país.
Este tema de la reforma educativa, junto con lo relativo a la Casa Blanca del presidente Enrique Peña Nieto y la desaparición forzada de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, son los que más han agraviado a diferentes sectores del país por la insensibilidad manifiesta del gobierno federal a los temas de corrupción, impunidad y polarización social.
En el caso de Guerrero la reforma educativa es igual a problemas. Solo conflictos, polarización y encono ha traído para la entidad. Las protestas y las movilizaciones han afectado la gobernabilidad y el desarrollo normal de actividades de miles de ciudadanos y la respuesta institucional ha sido que no se puede modificar la ley.
Eso es absurdo, es un pretexto mentiroso, cualquier ley se puede reformar, empezando por la Constitución. Basta recordar que cuando hubo oposición de empresarios a Ley 3de3 para ciudadanos, incluso el presidente de la República vetó la ley y se convocó a un periodo extraordinario de sesiones para eliminar esos contenidos normativos. Cuando el gobierno federal tiene voluntad hace uso de las facultades constitucionales para activar el proceso legislativo. En este caso es extrema la cerrazón gubernamental y su negativa es irresponsable y criminal.
En el caso de Guerrero la reforma educativa además de que no ha mejorado la calidad de la educación, ha generado crispación social, afectado las actividades ordinarias de los ciudadanos, el turismo y la seguridad pública, porque los efectivos federales se tuvieron que ir de Guerrero para atender los conflictos sociales derivados de la reforma en Chiapas y en Oaxaca, cuando por la infiltración de las policías municipales, los policías federales cumplen una función importante y estratégica para proteger a la ciudadanía.
Además de lo anterior, la inacción gubernamental puede generar conflictos imprevisibles entre maestros y ciudadanos afectados por las movilizaciones, es una imprudencia mayor mantener la reforma en sus términos. A Guerrero sólo problemas le ha generado esta reforma impuesta.
*El autor es coordinador de la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado.