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CIUDAD DE MÉXICO, 26 de mayo de 2020. — Ana Cristina Ruelas, directora regional de Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica, presentó el informe anual Disonancia: voces en disputa, en el que se establece que el 2019 estuvo marcado por un incremento en la violencia contra periodistas y una narrativa de estigmatización a la crítica, impulsada desde el Poder Ejecutivo.
Ruelas mencionó este martes, durante la presentación del registro, que la pandemia ha venido a confirmar que no existe la voluntad o la intención inequívoca de los gobiernos federal y estatales por hacer que la libertad de expresión se garantice a través de una verdadera política de Estado.
“Por el contrario, los dejos autoritarios de distintos gobernadores, presidentes municipales y funcionarios federales ponen en relieve una política censora que busca controlar los flujos de información que llega a la sociedad a través de una serie de amenazas físicas, políticas, económicas, jurídicas y tecnológicas”, dijo la dirigente de la organización en un comunicado.
Consideró que buscan reflejar la tensión entre las distintas voces: “en este 2019 pudimos confirmar que las expresiones se disputan, vengan de donde vengan, y en el centro estamos nosotros, las personas que tenemos que decidir a quién creer y sobre la verdad que queremos hacer nuestra”.
Asesinatos de periodistas
Consignó que en el 2019 se registraron 609 agresiones contra periodistas, de estas, 10 fueron asesinatos. Esto significa un aumento del 12 por ciento comparado con el 2018 y casi el 100 por ciento respecto al primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto.
Expuso que más del 99 por ciento de los crímenes contra periodistas siguen sin resolverse y, de mil 614 casos en trámite desde la creación de la Fiscalía especial en 2010, sólo se han logrado 14 sentencias, en su mayoría en contra de los autores materiales de la agresión, sin lograr vincular a aquellos que dieron la orden de agredir.
Respecto al Mecanismo de Protección (el cual para diciembre de 2019 protegía a mil 162 personas, de las cuales 384 son periodistas), Ruelas señaló que el gobierno no ha implementado efectivamente las recomendaciones que dio la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México para reestructurarlo y hacerlo eficiente.
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