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CHILPANCINGO, Gro., 19 de enero de 2026.- El vocero de la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz en el estado, Randy Suástegui Cebrero informó sobre avances de seguridad del 12 al 18 de enero.
En un comunicado, precisó que durante ese periodo, se llevó a cabo la detención de 26 personas, cinco del fuego federal y 21 del fuero común, además del aseguramiento y recuperación de 37 vehículos, de los cuales, seis autos y siete motos contaban con reporte de robo, así como 15 automóviles y 9 motocicletas presuntamente vinculados a actividades delictivas.
Se informó también sobre armamento que integraba un arma larga, siete armas cortas, seis cargadores y 392 cartuchos útiles, así como 8.8 kilogramos de marihuana y 318 dosis de cristal, lo que generó una afectación económica estimada en un millón 51 mil 350 pesos a los grupos delictivos.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que, en el mismo periodo, agentes de la Policía Investigadora Ministerial llevaron a cabo 25 órdenes de aprehensión por delitos de alto impacto, entre ellos homicidio calificado, secuestro agravado, violación en diversas modalidades, abuso sexual, robo y violencia familiar.
Asimismo, se llevaron a cabo ocho detenciones en flagrancia, se obtuvieron 12 vinculaciones a proceso y se dictaron 11 sentencias condenatorias, con penas que van de ocho meses hasta 60 años de prisión, destacando sentencias por secuestro y desaparición cometida por particulares.
Además, como parte de la estrategia integral, también se reportó la atención oportuna de tentativas de extorsión y secuestros virtuales, evitando pagos por más de 810 mil pesos, así como la cancelación de 49 líneas telefónicas utilizadas para este tipo de delitos, asimismo, a través de los Centros de Justicia Alternativa, se lograron 26 acuerdos reparatorios, con una recuperación económica superior a 820 mil pesos a favor de las víctimas
Suastegui Cebrero, destacó que estos resultados reflejan la efectividad de la coordinación interinstitucional y el fortalecimiento de los operativos en zonas prioritarias, con el objetivo de reducir la incidencia delictiva y garantizar entornos más seguros para las y los guerrerenses.