Representación indígena en Poder Judicial, plantea Congreso de Guerrero

ACAPULCO, Gro., 3 de septiembre de 2026.- Por la importancia de que el Poder Judicial esté integrado también por personas provenientes de las comunidades y pueblos indígenas, el Congreso del Estado aprobó un exhorto del diputado Aristóteles Tito Arroyo (Morena).

Según un boletín, la propuesta avalada es para que los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial, en conjunto con el Poder Legislativo, establezcan mesas de trabajo interinstitucional para analizar y proponer la nueva forma de su integración, la operatividad de las salas y el cumplimiento de la representatividad indígena en las magistraturas y jueces, a elegirse en el año 2028.

Tito Arroyo señaló que la Constitución Política reconoce a los pueblos originarios como sujetos de derecho público, lo que debe traducirse en hechos. “No basta con reconocer derechos, si nuestras instituciones no están preparadas para hacerlos efectivos”, subrayó.

Abundó que es necesaria la participación de personas pertenecientes a pueblos originarios dentro del Poder Judicial, ya que su conocimiento, experiencia y pertenencia comunitaria pueden contribuir a construir una justicia más cercana, legítima y sensible a la realidad de Guerrero.

El diputado recordó que, independientemente del proceso de renovación previsto para 2028, existen magistraturas vacantes y nombramientos pendientes, lo que hace impostergable entrar a un proceso de discusión, para establecer criterios, analizar alternativas y escuchar a las comunidades y pueblos originarios.

El exhorto plantea establecer mesas de trabajo con responsabilidad y visión de Estado, que permitan avanzar hacia una representación indígena de al menos el 30 por ciento en las magistraturas y judicaturas, garantizando una justicia incluyente y con perspectiva de pluralismo jurídico.

Precisa, por último, que dichas mesas deberán contar con la participación de diputadas y diputados de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la Secretaría General de Gobierno y la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, además de magistradas y magistrados interesados en el asunto.