Reprochan que no se reconozca crimen de la Guerra Sucia

ACAPULCO, Gro., 2 de junio de 2022.- Integrantes de la Comisión de la Verdad para la Investigación de las Violaciones a los Derechos Humanos Durante la Guerra Sucia de los años 60 y 70 (Comverdad), presentaron el Informe final de las actividades y las versiones digitales de tres documentos anexos: historias de vida, personas participantes en desapariciones forzadas y reconstrucción histórica.

La integrante de la organización Artículo 19 Jessica Alcázar Romero, quien fungió como moderadora en la presentación en el auditorio Norberto Bobbio del Instituto Internacional de Estudios Político Avanzados Ignacio Manuel Altamirano (IIEPA-IMA), de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), informó que hasta el miércoles pasado habían sido reportadas como desaparecidas 100 mil 480 personas en México.

Alcázar Romero explicó que al concluir el mandato de la Comverdad 2021-2014, los comisionados establecieron un equipo de Artículo 19 para la creación de la plataforma archivosdelarepresion.org, el cual contiene tanto el Informe final como sus tres anexos.

Acerca de la plataforma, la activista abundó que tiene como objetivo contribuir al derecho a la verdad y memoria del periodo de represión y violencia sistemática por parte del Estado entre 1950 a 1980 en México.

Comverdad 2012-2014

El integrante de la Comverdad 2012-2014, el ex rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro) Arquímides Morales Carranza proporcionó las cifras del informe e hizo referencia con ejemplos a los tres anexos que lo integran.

El informe cuenta con 409 testimonios, se encontraron 239 casos de desaparición forzada, 209 desaparición forzada transitoria y 90 casos de desaparición de la que no se contó con testimonios directos de los familiares.

Especificó que hubo 24 ejecuciones sumarias y que entre las víctimas están cuatro profesores de primaria y 20 alumnos de la Uagro.

Añadió que gracias a las entrevistas con las víctimas, se lograron exhumar los restos de Lucio Cabañas, Eliseo Flores Vázquez y Martín Lario Organes, caídos en combate.

Reseñó que durante 1950 y 1960, Guerrero era el estado del país, condición que no ha cambiado, ya que la entidad ocupa el tercer lugar a nivel nacional en menor índice de desarrollo humano.

Agregó que durante esa época ante el levantamiento armado por la exigencia de mejores condiciones de vida, hubo una represión masiva y sistémica que suspendió las garantías individuales y el libre desplazamiento; desde entonces hubo una política de Estado en la que al ser un dirigente social, comunista, simpatizante de grupos guerrilleros, fue considerado una amenaza grave para el estado.

Testimonios                                                                     

Dijo que en la investigación con datos de documentos del Archivo General de la Nación, en 1974 comenzaron a aparecer los cuerpos sin vida de personas visiblemente torturadas, quemadas y a quienes se les trataba de señalar como delincuentes pero que se trató de gente relacionada o no con el profesor Lucio Cabañas Barrientos.

Añadió que durante la administración de Rubén Figueroa creció la impunidad y se creó otro grupo de represión que únicamente informó al gobernador a su comandante y cometió delitos contra ambas figuras, además de que existen testimonios que había sobrevuelos al mar desde la base militar de Pie de la Cuesta, lo que exhibe el carácter masivo de represión sistémica e inhumana.

Desde 1974 hasta 1981 detuvieron a mil 500 personas que eran sometidas a interrogatorios en los separos de la policía en Acapulco y que si los detenidos no aceptaban la amnistía eran llevados a la Base Aérea a Pie de la Cuesta, llevados a un banco de fierro.

Los ejecutores

Narró que una vez en la base aérea, se les sentaba uno a uno a los detenidos en el banco de los acusados con la creencia de que se les iba a fotografiar, pero eran Acosta Chaparro, Alfredo Mendiola, Alberto Aguilar Quintanar y Humberto Rodríguez Acosta, con un disparo en la nuca con una pistola con silenciador.

Se les ataba una bolsa de plástico al cuello para evitar que hubiera rastros de sangre. Dijo que siempre se utilizó la misma pistola bautizada como espada justiciera, la cual fue utilizada por los mencionados.

Los cuerpos eran introducidos a un costal de yute y con piedras en ellas, eran trasladados en carretillas a un avión; y en una operación descrita como Vuelos a Oaxaca, eran arrojados al mar de esa entidad. Desaparecieron más de mil 500 personas, “según relató el genocida”.

Mencionó que fueron enviados 24 mil soldados, policías estatales y federales a Guerrero para combatir la insurgencia y donde hubo delitos de lesa humanidad, jurídicamente imprescriptibles y que otorgó facultades ilimitadas a las fuerzas armadas y en especial al Ejército.

“Hubo una represión generalizada contra el pueblo pobre, campesino y urbano del estado”, expresó y añadió que las ejecuciones arbitrarias fueron por motivos políticos, que dieron origen a la persecución y otorgó facultades nunca antes alcanzadas a las fuerzas de seguridad y al Ejército.

El reclamo

Arquímides Morales reprochó que sigue sin recocerse lo que entonces aconteció, ya que los perpetradores caminan por las calles impunemente y no ha habido reparación del daño ni justicia para las víctimas ni para sus familias.

Advirtió también que mientras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa no se aclare ni se haga justicia no habrá optimismo en el contexto actual, a pesar de las diferencias de pensamiento, ya que deben ser desterrada la infamia cometida contra pueblos enteros.

Otro orador fue el ex comisionado de 2012-2014, Enrique González Ruiz quien mencionó que la movilización de los familiares en Guerrero se hizo poderosa luego de la Guerra Sucia, de ahí la integración de la intervención del Estado, por lo que la integración de la Comverdad se convirtió en un instrumento de justicia alternativo que en algunas ocasiones se contrapuso a los intereses gubernamentales.

Acudió la integrante de la Comverdad 2012-2014, María del Pial Noriega García quien destacó la importancia del documento, el cual mantendrá con vida la memoria y la imperante necesidad de justicia.

Guerrero como referente

A su vez el subsecretario de Derechos Humanos, Políticos y Migración del gobierno federal, Alejandro Encinas Rodríguez dijo que el informe y sus anexos son referentes de la reconstrucción de la memoria y que de cara al futuro hará grandes aportaciones.

Otro integrante de la Comverdad, Nicomedes Fuentes García reclamó que con el informe no hubo solución, a pesar de los datos, la exploración del campo; no obstante, mantendrán su exigencia por saber qué pasó con sus compañeros, sus familiares y eso hace falta.

Dijo que confían en el presidente Andrés Manuel López Obrador porque prometió la verdad y justicia a 50 años de ocurridos los delitos.

Asimismo, la integrante de la Comverdad, Hilda Navarrete Gorjón, recordó cuando se dio a conocer el encarcelamiento de Mario Arturo Acosta Chaparro hubo festejos, aunque no fuera sentenciado por los delitos por la guerra sucia.

Mencionó que al ser víctimas colaterales, les llevó a ser defensores de los derechos humanos cuando el escenario en Guerrero era muy parecido durante 1990 a los de la Guerra Sucia hace 50 años.

Al informe acudieron la presidenta de la CDHEG, Cecilia Narciso Gaytán; las activistas Ángeles Santiago Dionicio y Tita Radilla Martínez; Juan García Costilla, Anita Estrada Ramírez, Eloy Cisneros Guillén, María Antonia Morales, Micalea Cabañas, José Luis Alonso Vargas, María de la Luz Aguilar, José Bracho Campos, Raymundo Díaz Taboada, Nemesio Soberanis e integrantes de colectivos de víctimas de desaparición y búsqueda de sus familiares de Tecpan, Atoyac, San Vicente, Chilpancingo y Acapulco.