Respalda Canaco Acapulco la reforma que permite matar en defensa propia

ACAPULCO, Gro., 8 de octubre de 2019.- El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en el puerto, Raúl Iracheta Montoya, denunció que continúan los cierres de negocios debido al cobro de extorsión, aunque no precisó cifras, pues será hasta el siguiente año cuando vuelvan a reafiliarse que tendrán el total.

En entrevista en sus instalaciones luego de dar a conocer las próximas fechas del Buen Fin, dijo que la zona más afectada por los cierres de establecimientos es el Centro, donde en las últimas semanas dos personas han sido asesinadas.

Agregó la violencia no es el único factor de los cierres de negocios, sino también la baja de ventas, el alto cobro de energía eléctrica, la baja de turismo, los gastos fijos que le pegan a los comercios.

“(Llamamos) a las autoridades a cerrar filas, buscar estrategias para acabar con esta situación tan grave como es la inseguridad a través de sus diferentes perspectivas, como es el cobro de piso, la privación de vida. Esperemos que esto se arregle, que llegue la gente porque estamos haciendo trabajo tanto la iniciativa privada como los diferentes gobiernos, es responsabilidad de todos, desde la casa de uno, el combate al delito”, explicó.

Por otra parte, anunció que el Buen Fin se realizará del 16 al 18 de octubre y esperan la participación de siete mil empresas.

Respecto a la Ley de Legítima Defensa que se aprobó en el Congreso del Estado, dijo estar de acuerdo siempre y cuando las personas armadas cuenten con su registro y licencia expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Pugnamos (por)que sea en legítima defensa que estés en tu casa y llegue una persona a intentar agredir a tu familia y con tu vida, es lo que está en la Constitución (…) es algo que no quisiéramos esta situación de estar armados, pero hoy por hoy estar armado es una de las formas que puede ser un paulatino para defender la vida e integridad de la vida”, comentó. Por último, pidió “piso parejo” al gobierno estatal y municipal ante la Ley de Aprovechamiento y Gestión Integral de los Residuos del Estado que entró en vigor desde los primeros días de octubre, ya que afirmó que a los vendedores ambulantes no les han notificado sobre las sanciones y continúan entregando plástico y unicel.