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CHILPANCINGO, Gro., 7 de abril de 2018.- El secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, Ángel Ávila Romero consideró que el acercamiento del obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, con un jefe criminal es consecuencia de la ausencia del Estado que no ejerce la ley.
“Ese tipo de personajes de la delincuencia son los que se adueñan de la vida política y social, que para transitar por ciertos territorios se tiene que entrevistarse con ellos”, dijo.
Este sábado los candidatos del Frente Ciudadano por México al Senado, Beatriz Mojica Morga y Mario Ramos del Carmen, la candidata a diputada federal Irma Lilia Garzón Bernal, el candidato a alcalde de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán, y el candidato a diputado local plurinominal Alberto Catalán Bastida realizaron un acto de campaña en el barrio de San Francisco.
En una improvisada conferencia de prensa, al secretario nacional del PRD, Ángel Ávila, se le preguntó cómo calificaba el acercamiento que el obispo dijo tener con un jefe del narcotráfico.
“No justifico las visitas, pero se entiende la realidad que se vive, y no es culpa de la Iglesia sino culpa del Estado, porque no ha aplicado la ley y (ha) dejado en manos de otras personas. Es decir, el gobierno estatal ha dejado en manos de otras personas que no son legítimas electas por el voto ciudadano, la vida política y social en Guerrero”, expresó.
“La junta del obispo con este tipo de personas es una consecuencia de la causa. No se atienden las causas, como la pobreza, el abandono y falta de empleo. Y si tú quieres transitar por esos municipios, tienes que llegar a tener ciertos acuerdos ilegales con esos personajes, sin ningún interés económico. Pero lo que es preocupante es que sólo en el estado de Guerrero sean controlados por el crimen organizado y debe el gobierno estatal y federal de investigar a esos personajes”, agregó.
Ávila Romero indicó que el PRD no avala la reunión de Salvador Rangel con un jefe criminal, porque es un partido que camina por la vía legal y llamó a las autoridades a que atiendan la inseguridad en la entidad para que los ciudadanos puedan participar en el proceso electoral.