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CIUDAD DE MÉXICO, 8 de noviembre de 2017.- La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus iniciales en inglés) señaló que la Procuraduría General de la República (PGR) ha fracasado en investigar y perseguir casos de violaciones a derechos humanos cometidas por soldados contra civiles, a pesar de las reformas legales para que estos casos se investiguen en el sistema de justicia civil en vez del sistema militar; por su parte, el Gobierno de la República exhortó a considerar diversos factores para el análisis sea más apegado a la realidad del país.
El reporte, publicado este martes por la organización no gubernamental, destaca que la gran mayoría de las investigaciones que han sido iniciadas son contra soldados de bajo rango y no contra sus superiores jerárquicos y que, a pesar de que hay evidencia de que oficiales militares de alto rango han emitido órdenes abusivas y violentas en contra de civiles, no han respondido por sus acciones.
“La estrategia de seguridad militarizada ha tenido al menos tres consecuencias graves. La primera es que la violencia ha aumentado en México y las violaciones a derechos humanos son constantes; la segunda es que ha disminuido la urgencia y la presión de una reforma policial; y la tercera es que la rendición de cuentas ha sido prácticamente inexistente. Los soldados que cometen delitos y violaciones a derechos humanos generalmente no responden por sus acciones, tampoco los funcionarios públicos que solicitan la presencia de soldados en sus estados o municipios, ni los líderes políticos que por décadas no se han comprometido verdaderamente a mejorar a la policía en México”, indica.
Este miércoles, a través de un comunicado, el Gobierno de la República respondió que se deben considerar más factores que inciden en la realidad del país y reafirmó su rechazo a toda violación a los derechos humanos, así como su compromiso de garantizar su protección en todo el territorio, y de permanente investigar diligentemente, a través de la PGR, los hechos de su competencia presuntamente cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas en contra de civiles.
Indicó que la participación de las Fuerzas Armadas de México en atención al crimen organizado forma parte de las tareas de acompañamiento temporal a las autoridades locales, y responde a los enormes retos que plantea el tráfico internacional de armas y drogas, que afecta de manera particular a nuestro país.
Asimismo invitó a que los análisis en la materia consideren dicho contexto, para reflejar una perspectiva más certera de los desafíos que acarrea el tráfico indiscriminado de armas desde Estados Unidos hacia el territorio mexicano, los flujos de capital a organizaciones criminales, así como los efectos del trasiego de drogas a través de México, con destino a ese país.
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