Saldos de los destapes

Difícilmente en el partido gobernante hay quien crea que los diecisiete candidatos a gobernador seleccionados no contaron, según el caso, con el aval, autorización o promoción de la presidenta Sheinbaum. Las encuestas sirven cuando sus resultados coinciden con lo que se quiere, como ocurrió con ella misma hace tres años y que la llevaría a la candidatura presidencial. Que fuera así la decisión en los estados no significa que haya sido discrecional o caprichosa; al contrario, el balance muestra que se consideraron muchos factores, entre otros, la alianza con el PVEM, el poder de los gobernadores y la visión de la dirección nacional. La presidente Sheinbaum y su mentor, quien parece no intervino por nadie, y tampoco ejerció su veto, como con Omar García Harfuch para ser candidato en la Ciudad de México.

Notorio del proceso el ascendiente del PVEM; se lleva cuatro candidaturas y todas con muy elevada posibilidad de triunfo. Entre éstas, San Luis Potosí, donde Morena designa a un candidato facilitador del triunfo verde. Los gobernadores son un factor importante y eso tiene consecuencias; casi todos los estados corren a cuenta de ellos. Por su parte, el interés nacional determinó ocho candidatos; cuatro en estados muy difíciles de ganar, los gobernados por el PAN y PVEM, y otros dos muy competidos, Chihuahua y Sinaloa.

El PT fue el perdedor del proceso. No sorprende que recoja la inconformidad de algunos de los no favorecidos, singularmente en Zacatecas y Michoacán. Atención aparte es la rebelión de Tatiana Clouthier en Nuevo León, quien ha sumado al senador Waldo Fernández, Andrés Mijes y Judith Díaz. Por su parte, Ariadna Montiel y Citlali Hernández reciben el reclamo, cuando todos saben solo son operadoras de las definiciones presidenciales.

El problema mayor de los destapes, sobre todo en los estados de presencia criminal, es el inicio de campaña al margen del control del INE, en particular tratándose de finanzas de campaña, realidad que abre la puerta para que se reproduzca el proceso más preocupante y perjudicial de la democracia mexicana. La colusión entre gobiernos y grupos criminales resulta difícil de controlar desde la ciudad de México o por autoridades federales, por su presencia y capilaridad económica, política y social en las regiones donde operan. Más aún, la impunidad a gobernadores bajo fundada sospecha y otros miembros importantes del régimen son mensaje para unos y otros.

La atención se centra en la inconformidad del PT y los no favorecidos. Difícilmente su resistencia será exitosa, a pesar de que en Zacatecas y Michoacán puede significar la derrota de Morena. El PT será reconvenido y compensado. En Nuevo León las condiciones de la competencia y el perfil de las preferencias no favorecen a Morena; la reflexión obligada refiere a las razones para designar a Clara Luz Flores por el efecto a la contienda distrital federal. Imposible que la coalición gobernante repita el triunfo en siete de los catorce distritos de 2024.

Un factor que apenas empieza a considerarse, las condiciones en que se desarrollarán las campañas en los territorios de presencia del crimen organizado; no hay condiciones que garanticen un proceso regular. Los órganos electorales, las autoridades judiciales y las de seguridad no son garantía. La mejor prueba, Sinaloa y Michoacán.

No se puede ignorar el deterioro del régimen político a pesar del control de los órganos electorales y de la parcialidad sin paralelo de los gobiernos locales y nacional. La cancha es dispareja, la oposición debiera unificarse al menos para demandar la integridad de la elección y participar bajo protesta dadas las condiciones, al tiempo de convocar a la mayor participación electoral posible a manera de conjurar la trampa y el fraude electoral.

Las dificultades de la coalición no sólo resultan del entorno económico, político y social, notoriamente distinto al de hace seis años. El liderazgo de López Obrador y el ascendiente de la superioridad moral han perdido fuerza, producto de la corrupción, las malas cuentas del gobierno y, especialmente, la colusión con el crimen y la impunidad.

La fundada desconfianza sobre una elección justa, la disminución importante de la aceptación del régimen y la presencia criminal apuntan a un problema que trasciende el resultado de la elección; de hecho, el tema es si las elecciones continuarán siendo el espacio más relevante en la disputa por el poder. La protesta social callejera ha ganado terreno y soslayarla sería un grave error del régimen.