CIUDAD DE MÉXICO, 24 de enero de 2017.- Mientras que 2016 se ha colocado como el año con el mayor número de personas desaparecidas o no localizadas, con una cifra de 29 mil 917 casos –hasta el 30 de noviembre– la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR evidencia un grave retroceso en la protección de ese derecho.

La Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas contó con un presupuesto de 28 millones 114 mil pesos y para este año la Fiscalía contará con 26 millones 201 mil pesos, lo que refleja una considerable reducción en su presupuesto, sin tomar en cuenta la política de austeridad que implementa la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

“Se trata de una situación que requiere especial atención, ya que el gobierno mexicano debe justificar razonablemente este recorte por casi 2 millones de pesos y demostrar que agotó todos los recursos disponibles antes de tomar esta decisión”, revela un informe elaborado por el Senado de la República.

En este sentido advierte: “el cumplimiento y efectividad del derecho a la no desaparición forzada no sólo requiere la adhesión del Estado mexicano a los instrumentos internacionales, sino que requieren además acciones efectivas y eficientes que materialicen las obligaciones adquiridas, contar con presupuestos adecuados e incorporar cada vez más a la sociedad civil organizada y víctimas indirectas en la elaboración e implementación de las medidas administrativas, legislativas y judiciales necesarias para garantizar este derecho”.

De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (Rnped), al corte del 30 de noviembre de 2016 se tiene un total de 29,917 casos de personas desaparecidas y no localizadas en México. Este total acumulado es la suma de casos anuales desde el inicio del registro, cuyas cifras se han mantenido cerca de 4 mil personas desaparecidas cada año desde 2011, precisa la ONG.

Cabe destacar que el Rnped es la única fuente oficial que ofrece una idea de la magnitud de este problema a nivel nacional: desde los últimos seis años se registran, en promedio, 10 casos de desaparición de personas cada día en México.

“El problema de la desaparición de personas es grave no sólo por la frecuencia con que éstas ocurren en nuestro país, sino también por sus efectos en la vida de las familias y en la sociedad en general”, indica la organización.

 

Todos los días acudo al MP y al Semefo  

Para Fernando Ocegueda, presidente de la organización Unidos por los Desaparecidos de Baja California, y víctima de la desaparición de su propio hijo, la búsqueda ha sido larga; la depresión no desaparece ni un instante. Todos los días acudía al Ministerio Público, al Semefo [ahora Instituto de Ciencias Forenses] donde posiblemente podría encontrar información útil.

Para este hombre fue así como cómo empezó a conocer personas “en situaciones similares a las mías y al interactuar cada vez más, decidimos unir nuestras esperanzas y fuerzas para encontrar a nuestros familiares”.

De acuerdo con la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas se entiende por desaparición forzada: el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la Ley.

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