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AYUTLA, Gro. 28 de diciembre de 2014.- A pesar de que varias organizaciones civiles han marchado en últimos días para exigir que los elementos castrenses del municipio guerrerense de Ayutla abandonen la región, lugareños denuncian que los uniformados vigilan las calles de la cabecera municipal con arma en mano, acrecentando la tensión en la ya convulsa entidad.
Periódico El Siglo reporta que vecinos de las colonias “lo han corrido con palabras altisonantes pero ellos hacen caso omiso y tratan de internarse al lugar acampado que mantienen los integrantes de la Coordinación Estatal de Trabajadores de la Educiación de Guerrero (CETEG) y el Movimiento Popular Guerrerense (MPG)”, quienes mantienen tomada la alcaldía en un intento por instaurar consejos ciudadanos rumbo a los comicios de 2015 (tal y como sucede en otros 41 municipios del estado).
En ese sentido, el diario explica que la ciudadanía “insiste en que los elementos castrenses nada tienen que hacer aquí”, de manera que presumen que el presidente municipal de Ayutla, Severo Castro Godinez, fue quien solicitó la “vigilancia especial” a fin de recuperar las oficinas del ayuntamiento secuestradas por la CETEG y el MPG.
En ese tenor, Periódico El Siglo reseña que, entre los reclamos ciudadanos en contra de la armada, se reporta que los soldados entran a compra a los centros comerciales con arma en mano, han intentado adentrarse en las colonias “y para mucha gente, en lugar de dar confianza, provoca que se les tema a los uniformados”, emprenden recorridos aleatorios e interrogan a los nativos, a quienes preguntan si pertenecen al movimiento en favor de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Como se recordará, fue el pasado 17 de diciembre cuando integrantes del MPG, la CETEG y un grupo de indígenas se enfilaron con rumbo al Cuartel Militar de la 27 zona militar en el municipio de Ayutla, donde instalaron un plantón para exigir que el Ejército se retirara de la región.
Aunque en su momento se llegó a un acuerdo que permitiría una mesa de diálogo entre el gobernador Rogelio Ortega, el presidente municipal Severo Castro, el regente militar Mario Lucio González Cortes y los habitantes que buscan integrar su propia policía municipal y despedirse del Ejército al instalarse, el pacto se vino abajo el 18 de diciembre y quedó en promesa.
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