Segob debe transparentar traslado de Alejandro Gutiérrez a penal federal

CIUDAD DE MÉXICO, 12 de marzo de 2018.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó a la Secretaría de Gobernación (Segob) dar a conocer el documento mediante el cual la Fiscalía de Chihuahua solicitó al titular de la Comisión Nacional de Seguridad el traslado de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario general del PRI acusado de peculado, a un penal federal.

Al presentar el asunto ante el Pleno, el comisionado Joel Salas Suárez afirmó que esta solicitud de acceso permite mostrar la utilidad de la información pública, como una herramienta clave para identificar posibles casos de corrupción y verificar que los procesos se lleven a cabo con estricto apego a la ley.

“El caso Alejandro Gutiérrez es uno más que ha cimbrado a la opinión pública por evidenciar el lastre que representa la corrupción en el país. Este recurso de revisión evidencia que los mexicanos conocen que el derecho de acceso a la información pública puede ayudarles a pedir cuentas a las autoridades de cada nivel de gobierno, según sus competencias, y la obligación de coordinarse entre sí”, señaló el comisionado, de acuerdo con el comunicado INAI/036/18.

Salas Suárez destacó que el Inai, como organismo autónomo, forma parte del sistema de pesos y contrapesos contemplado para controlar la corrupción en el país. Y, desde su esfera de competencia, le corresponde velar porque la información pública sirva para calificar, vigilar y denunciar casos como el tratado en este recurso de revisión.

“Ante las diferentes posturas de los niveles de gobierno y el debate sobre cómo se debe llevar a cabo la investigación y en qué condiciones, la información pública ayuda a clarificar cómo se ha llevado a cabo el proceso y a vigilar que no culmine en impunidad”, destacó.

Durante la sesión, el comisionado expuso que a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez se le investiga por posible peculado y desvío de recursos públicos a las campañas electorales en 2016. Estas averiguaciones podrían estar relacionadas con los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión de la Cuenta Pública 2016, pues detectó un posible daño al erario público por poco menos de 200 millones de pesos, con dos fondos y un programa educativo federales destinados a Chihuahua.

Salas Suárez añadió que el caso ganó polémica desde enero de 2018, cuando trascendió la disputa entre autoridades federales y estatales por la jurisdicción del caso, y por el señalamiento del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, realizado contra el gobierno federal de tomar represalias por las investigaciones iniciadas contra Alejandro Gutiérrez y condicionar la entrega de 700 millones de pesos, acordados entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el gobierno estatal en diciembre de 2017.

Más información aquí.