Seguridad y Ejército en la anomia política

Todo problema, lleva en sí mismo planteamientos y soluciones multidimensionales. Tal es el caso de la inseguridad que en continuum ha invadido al país desde hace cuatro lustros y, en ese lapso, las policías han evidenciado su limitada capacidad técnica para hacerle frente, a tal grado que el presidente Felipe Calderón, al inicio de su mandato, se vio obligado a recurrir al ejército para perseguir delincuentes. Peña Nieto continuó con esta disposición extraordinaria, sin marco jurídico que arropara a las fuerzas castrenses.

La medida fue planeada por un breve lapso, pero el ejercicio ya se prolongó una década y las policías siguen siendo ineficientes y muy porosas a la corrupción.

El experimento pone en riesgo a una institución que aún mantiene el respaldo ciudadano. Sin embargo, no ha cruzado el pantano sin que algunos de sus elementos mancharan sus alas. Baste recordar al General Gutiérrez Rebollo el Zar antidrogas que en 1997 fue degradado y encarcelado por el entonces Secretario de las fuerzas armadas Enrique Cervantes Aguirre, a raíz de tener nexos con Amado Carrillo. Otros casos son los hechos a los que la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (ésta no exenta de tintes ideológicos) considera como ejecuciones extrajudiciales: Tlatlaya, Apatzingán y Tanhuato. Uno más, es la desaparición forzada de los 43 normalistas que, según la tesis de Anabel Hernández y Steve Fisher (Revista proceso, núms.1989 y 1990) “el ataque fue orquestado por la policía federal, con la complicidad o franca colaboración del Ejército”, barbarie que continúan siendo una asignatura pendiente en materia de procuración de justicia y aplicación de la ley.

De tal suerte que, orillado por las críticas de atropellos a los derechos humanos y la anomia jurídica que cubre su desempeño en las calles, el Secretario Salvador Cienfuegos en un inusitado discurso planteó que hacer labores de policía es contranatura. El reclamo del General, es pertinente y oportuno antes que el país se sumerja en la más profunda crisis de institucionalidad, por abusar de una estrategia gubernamental transitoria.

No es la primera vez que los gobernantes mexicanos, por confort o populismo, extienden los paréntesis  en el tiempo, ya nos sucedió en el siglo pasado cuando en México, allá por la década de los cuarenta, se implementó el modelo Keynesiano para impulsar el Estado de Bienestar; no se imaginaban, ni el gobierno, mucho menos los ciudadanos, que 40 años después la tormenta de la crisis económica iba a ahogar al país y que iba a ser necesario utilizar la ignominiosa barcaza del Fondo Monetario Internacional para salir a flote.

Así también, en estos diez años en que el Ejército hace labores de policía, la clase política no hizo su parte. A simple vista, pudiera pensarse que el retraso en la preparación policiaca, tiene que ver con la falta de recursos económicos y humanos, eso es cierto pero sólo en parte, para encontrar una respuesta integral valdría la pena analizar detenidamente el problema y buscar  otra variable explicativa, aunque sea, aparentemente, ajena al tema de seguridad, y ésta se refiere al dinero ilícito en las campañas políticas de los candidatos que compiten para ocupar cargos en los tres niveles de gobierno y Congresos tanto federal como locales, que, como lo saben muy bien en el Instituto Nacional Electoral (INE), rebasa por mucho el financiamiento público. Luego entonces, si esos dineros constituyen una inversión y toda inversión aspira a obtener utilidades, los dueños de esos dineros seguirán imponiendo a los políticos y funcionarios en los espacios de poder público que la garanticen.

Visto así, podríamos afirmar que, mientras no se corten las vías ilegales de financiamiento y se constriña su funcionamiento con apego irrestricto a la ley, los partidos políticos nos seguirán proponiendo candidatos a modo de los poderes facticos, lo que equivale a asegurar que, en el mediano plazo, será imposible que los cuerpos policiacos puedan hacerse cargo, con éxito, de la seguridad de los ciudadanos, y tal vez aún falta mucho tiempo para que el Ejército vuelva a sus cuarteles, pero, sin duda, con una ley secundaria que regule su actuación.