Semujer sólo ha recibido 16% del presupuesto designado para este año

CHILPANCINGO, Gro., 29 de noviembre de 2019.- En su comparecencia en el Congreso del Estado como parte de la Glosa del cuarto Informe de Gobierno, la secretaria de la Mujer, Mayra Gloribel Martínez Pineda reveló que la dependencia a su cargo solo ha recibido 16.36 por ciento del presupuesto que le fue designado para este año, que está a un mes de concluir, el cual depende del Ramo 28.

En su exposición ante las comisiones unidas para la Igualdad de Género, Salud, Juventud y el Deporte, la secretaria informó que en el Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019 a la Secretaría de la Mujer se le asignaron 127.7 millones de pesos, de los que sólo ha recibido 20.9 millones, por lo cual tiene pendiente 106.8 millones de pesos.

Indicó que de acuerdo con lo informado por la Secretaría de Finanzas y Administración estatal la liberación de los recursos está sujeta a la disponibilidad de recursos con las variaciones del Ramo 28, “aunado a lo anterior el gobernador (Héctor Astudillo) ha hecho patente a la población el impacto que ha tenido la reducción presupuestal del gobierno federal en nuestra entidad por más de mil 400 millones de pesos”.

De acuerdo con la tabla presentada por la secretaria, para el programa de Alerta de Género se habían designado 12 millones sin embargo se tuvo una reducción de dos millones y medio, de los cuales sólo les han liberado un millón 187 mil 500 pesos y tienen pendiente ocho millones 312 mil 500 pesos, que significan 87.50 por ciento del presupuesto de ese programa.

Para el programa Guerrero nos Necesita y Apoyo a Madres Solteras tiene pendiente por liberar 82.78 por ciento; el Refugio para Mujeres, Hijos e Hijas en Situación de Violencia Extrema tiene pendiente 58.33 por ciento de su recurso, y el programa de operación del Centro de Justicia para la Atención contra la Violencia a las mujeres tiene pendiente recibir 54.75 por ciento de su presupuesto.

Los programas institucionales de esa Secretaría tienen etiquetados 17 millones y medio, y no se les ha entregado nada.

En su ponencia, informó que cinco municipios no han nombrado directora de la Mujer a pesar de que se han enviado múltiples oficios enviados para ello, e informó que en nueve no se han reinstalado sus sistemas municipales de igualdad y prevención de violencia.

En la sesión de preguntas y respuestas, el diputado de Morena Arturo Martínez Núñez, le preguntó al respecto, sin embargo la secretaria evadió a hablar del tema y dijo que no era su competencia hablar de ello.

También le preguntó del proceso para la solicitud de Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado que hicieron grupos feministas de Guerrero, de lo cual expresó que está en vía de cumplimiento, y que lo que corresponde a la Nom 046, para el derecho a las mujeres víctimas de violencia a un aborto legal sin autorización del Ministerio Público, la secretaria dijo que le corresponde cumplir al Congreso.

La diputada de Morena, Norma Otilia Hernández Martínez preguntó sobre la situación de los feminicidios de la entidad, de lo que Martínez Pineda destacó que Guerrero se ubica el lugar 21 nacional, por debajo de la media nacional, pero aclaró que no significa que no haya problemas pues no debe haber una sola muerte de mujeres.

Recordó que en los años 2011, 2012 y 2013 fueron los más difíciles de Guerrero, pues se ubicó hasta en primer lugar en feminicidios.

A pregunta de la priísta Verónica Muñoz Parra, la secretaria informó que se lleva a cabo una cruzada por los derechos humanos de las mujeres y las niñas en las regiones La Montaña y Costa Chica para cambiar la situación de trata de personas en la modalidad de matrimonio forzado, derivado de voces que denunciaron la vena de niñas en comunidades de esas zonas.

Destacó que en la búsqueda de erradicar ese problema se ha logrado signar seis acuerdos de colaboración entre comunidades y el gobierno estatal y municipal; sin embargo dijo que tiene que ir más allá de una buena voluntad de firmar sino que debe haber sanciones en caso de incumplimiento, lo cual debe ser regulado por las autoridades competentes.

“No se trata de ninguna manera de herir a las comunidades con una nueva concepción al respecto de lo que ellos conocen como usos y costumbres, sino hacer una conciencia colectiva de que cualquier derecho al que pueda tener una comunidad tiene como límite la dignidad de una niña o de una mujer”, expresó.