Señala a Ángel Aguirre el gobierno de López Obrador por caso Ayotzinapa

ACAPULCO, Gro., 19 de agosto de 2022.- El informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa concluyó “que autoridades federales y estatales fueron omisas y negligentes” en la desaparición de los 43 normalistas en 2014.

Asimismo que existen “elementos de presunción” de que dichas autoridades alteraron hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos.

Este informe fue presentado este jueves 18 a los padres y madres de los 43 desaparecidos, en una reunión privada en Palacio Nacional encabezada por el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador.

Posteriormente fue difundido por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, quien en conferencia de prensa subrayó que una de las principales conclusiones de la Comisión para la Verdad es que no hay indicio alguno de que los 43 normalistas estén vivos; que todo apunta a que fueron arteramente asesinados y desaparecidos; y que se trató de un crimen de Estado, por la participación de diversas autoridades en colaboración con el grupo criminal Guerreros Unidos.

“Como puede observarse, existió una evidente colusión de agentes del Estado mexicano con el grupo delictivo de Guerreros Unidos que toleraron, permitieron y participaron en los hechos de violencia y desaparición de los estudiantes, así como en el intento del gobierno de ocultar la verdad sobre estos hechos”, indica el informe de 97 páginas.

El documento acusa que la construcción de la llamada “verdad histórica” del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que afirmaba que los normalistas habían sido quemados en el basurero de Cocula, fue resultado de una acción concertada desde el aparato de poder.

Señala que en ello participaron el entonces procurador Jesus Murillo Karam; el subprocurador de la Siedo, Rodrigo Archundia; el encargado de despacho de la Siedo, Hugo Ruiz; el titular de la unidad especializada en materia de delitos contra el secuestro, Gualberto Ramírez Gutiérrez; y el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, “quien ha informado de la participación de autoridades del más alto nivel del gobierno federal”.

Entre otros, también menciona a quien fuera el delegado del Cisen en Guerrero, José Miguel Espinosa Pérez; al entonces comisario de la Policía Federal en el estado, Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad Pública de Ciudad de México; y a quien fue el comandante de la zona militar en Chilpancingo, Alejandro Saavedra.

También agrega: “por el gobierno de Guerrero, el gobernador Angel Aguirre; el procurador general de Justicia de Guerrero, Iñaki Blanco; el secretario de Seguridad Pública, Leonardo Vázquez Pérez; y Ernesto Aguirre Gutiérrez, coordinador de Proyectos Estratégicos”, sobrino de Ángel Aguirre al que se le atribuían poderes plenipotenciarios, en ausencia del gobernador.

“Como se puede constatar, a lo largo de este informe, tanto autoridades federales, estatales y municipales (Sedena, Cisen, Policía Federal Preventiva, gobierno de Guerrero, Policía Estatal, entre otras) estaban informadas y dando seguimiento a las acciones de los estudiantes en el marco de las movilizaciones de la Normal de Ayotzinapa y la FECSUM de cara al 2 de octubre en la Ciudad de México”, subraya el documento.

Y sentencia: “Las autoridades fueron negligentes y omisas. Los hechos de violencia y desaparición de los normalistas debieron evitarse. Sus omisiones permitieron la desaparición de los estudiantes y el homicidio de al menos seis personas esa noche”.