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ACAPULCO, Gro., 30 de noviembre de 2018.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señaló a un individuo conocido como El Patrón, de ser el autor intelectual de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
De acuerdo con el diario El Sur, en el apartado 26 de la recomendación emitida el miércoles sobre el caso Iguala, la CNDH afirma que este personaje fue quien decidió que un grupo de estudiantes fuera entregado al grupo Guerreros Unidos y otro fuera llevado ante él en Huitzuco.
Indica que, de acuerdo con el testimonio de un servidor público de Cocula, el subdirector de la Policía de ese municipio entregaba dinero del crimen organizado a agentes incondicionales y que recibía instrucciones de un hombre que el propio mando policiaco identificaba como El Patrón.
El organismo lo describe como un “alto perfil” situado en “la cúpula o en la cúspide de una estructura criminal desde donde puede someter tanto a cuerpos policiales de distintos municipios e, incluso, de diversos niveles competenciales, como a servidores públicos con cargos administrativos municipales de primer orden”, y afirma que da instrucciones a autoridades y mandos policiales de Iguala, Cocula, Huitzuco y Tepecoacuilco, así como a la Policía Federal y probablemente a la Ministerial Federal. También a la organización criminal que controla la región, principalmente en Iguala, y a la célula de Guerreros Unidos en Huitzuco.
Señala además que sus alcances y poder “sobrepasan por mucho el ámbito municipal y llegan hasta el ámbito estatal y federal”, pues para llevar a cabo la detención y desaparición de los 43 jóvenes “necesitaba amplia coordinación y dominio del territorio, imposible de realizar sin la participación por acción u omisión de distintas autoridades federales, estatales y municipales, con presencia en la demarcación de Iguala.”
La CNDH apuntó que descubrir la identidad de esta persona puede ayudar a dar con el paradero de los normalistas desaparecidos, pero también indica que las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) han sido “insuficientes y parciales” para establecer de quién se trata.