ACAPULCO, Gro., 11 de mayo de 2020.- El gobierno federal “reorientó” los recursos destinados al Programa del Servicio Nacional del Empleo (SNE) que depende de la Secretaría del Trabajo, por lo cual en plena crisis económica y en medio de la pandemia del Covid 19 al menos 40 personas no cuentan con certeza laboral, que desempeñaban desde hace 10 y hasta 40 años.

De acuerdo con fuentes del SNE en Guerrero, el gobierno federal no ha transferido los recursos para el pago de salarios correspondientes a la segunda quincena de abril, ni tampoco ha pagado un monto de 100 mil pesos, destinado a becas y capacitaciones.

El director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) federal la notificó al secretario del Trabajo de Guerrero, Óscar Rangel Miravete, mediante un oficio, que los recursos de dicho programa serán aplicados al Plan Nacional para la Reactivación Económica ante el Covid 19 y “contrarrestar sus efectos negativos en la población, beneficiando a 25 millones de familias en México”.

“Esta dependencia se encuentra imposibilitada material y jurídicamente para continuar con el desarrollo del convenio de coordinación este año”, dicta el documento fechado el 6 de mayo pasado y está firmado por el director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Trabajo federal, Víctor Ricardo Aguilar Solano y al cual, Quadratín tuvo acceso.

De acuerdo con datos proporcionados por los afectados, el SNE organizó en Guerrero 63 ferias del empleo, 283 Días por el empleo, 541 cursos de capacitación, entregando 429 proyectos productivos y mediante diferentes subprogramas, colocando a dos mil 318 personas con discapacidad y, mediante el sistema Valpar evaluando a 624 personas con alguna discapacidad.

Los resultados del programa de 2016 a 2020 beneficiaron a 61 mil 47 personas, de las cuales, 30 mil 940 recibieron servicios de vinculación laboral, 19 mil 195 fueron beneficiadas por movilidad agrícola externa e interna, 10 mil 117 recibieron capacitación para la empleabilidad y 795 recibieron proyectos productivos.

La disposición aplica en las 32 entidades del país, afectando a más de mil 500 trabajadores y a más de un millón 900 mil personas que se tenía previsto atender.