CHILPANCINGO, Gro., 25 de noviembre de 2021.- La directora del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Teodomira Rosales Sierra denunció que por cuestiones burocráticas, el gobierno federal no ha otorgado la calidad de víctimas a 115 personas desplazadas por la violencia en la Sierra, por lo cual no han podido acceder a fondos de ayuda.

Indicó que se trata en total de 55 familias de comunidades de municipios de Heliodoro Castillo y Leonardo Bravo, quienes abandonaron sus casas desde 2018 por la presencia de un grupo criminal en la zona.

Rosales Sierra aseguró que en 2019, 80 familias de desplazados accedieron a la ayuda humanitaria, y que están pendientes 55. Dijo que desde esa fecha, los funcionarios se han excusado en falta de recursos y en la inexistencia de un marco jurídico.

La activista encabezó un foro como parte del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, al que acudieron más de 50 personas, entre desplazadas con familiares desaparecidos y que han sufrido violencia intrafamiliar.

Dijo que dentro de los grupos de desplazados, mayoritariamente se encuentran mujeres, seguido de niños.

Mencionó que en el caso de Chilapa, el Centro de Derechos Humanos tiene un registro de 68 mujeres con familiares víctimas de desaparición forzada.