Solicita Tlachinollan a Unión Europea suspender financiamiento a mineras

CHILPANCINGO, Gro., 20 de marzo de 2014.- El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan presentó ante la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo una petición para que la Unión Europea suspenda el financiamiento a proyectos de inversión o megaproyectos donde se haya denunciado violaciones de derechos humanos.

La organización hizo el llamado durante la reunión “Situación de los Derechos Humanos en México” realizada el día 19 de marzo de 2014 en Bruselas, Bélgica.

Según información publicada en el portal Kaos en la Red, la Coordinadora del Área Internacional de Tlachinollan, María Luisa Aguilar Rodríguez, recalcó ante el Parlamento Europeo que “en la actual revisión al Acuerdo Global entre México y la Unión Europea, los temas del impacto de la inversión en los derechos humanos tiene que estar al centro de la discusión, para lo cual se deberían de insertar mecanismos de rendición de cuentas y monitoreo de la situación de derechos humanos”.

Cabe recordar que Tlachinollan el Centro de Derechos Humanos de la Montaña en Guerrero, acompaña la demanda de amparo interpuesta por la comunidad indígena de San Miguel Del Progreso ubicada en la Montaña guerrerense, con la cual se busca la cancelación de los títulos de concesión minera otorgados por la Secretaría de Economía en favor de la empresa de capital inglés MINERA HOCHSCHILD MEXICO S.A. DE C.V., los cuales son violatorios de los derechos de los pueblos indígenas como el derecho a la consulta y el derecho al territorio.

De la misma manera, diversas organizaciones de la sociedad civil en México y Europa se pronunciaron frente a representantes de la Unión Europea y del Estado mexicano durante el Cuarto Diálogo Político de Alto Nivel en materia de Derechos Humanos, por colocar al centro, dentro de la renegociación del Acuerdo Global UE-México, el tema de derechos humanos. De manera particular recomendaron “Impulsar las discusiones de la creación de un instrumento internacional vinculante en materia de Negocios y Derechos Humanos en el Consejo de Derechos Humanos; así como fortalecer el mandato del Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos, promoviendo entre otras cosas la facultad de recibir comunicaciones individuales.