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CIUDAD DE MÉXICO, 19 de agosto de 2018.- Al destacar que en los últimos seis meses del presente año 109 mil 296 mexicanos han sido deportados de Estados Unidos, cifra que constituye el 65 por ciento del total de personas repatriadas durante el año 2017, el quinto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Edgar Corzo Sosa, manifestó la necesidad de articular políticas para atenderlos, ya que su situación es de alto riesgo ante las vejaciones y abusos en su contra en el vecino país del norte.
Durante la presentación del documental Ser Frontera, en las instalaciones de la CNDH en el Centro Histórico de la Ciudad de México, manifestó que durante el año pasado se incrementó en 30 por ciento el número de arrestos de connacionales en Estados Unidos, y ante ello es fundamental instrumentar acciones y políticas públicas para otorgarles asistencia y que puedan reintegrarse adecuadamente a sus comunidades, evitando situaciones que vulneren sus derechos fundamentales.
De acuerdo a un comunicado, explicó que desde abril de 2017, la Comisión Nacional ha realizado mil 310 entrevistas a connacionales deportados, quienes denunciaron ser víctimas de malos tratos e insultos por autoridades mexicanas, se les proporcionan alimentos en mal estado, no reciben atención médica y carecen de documentos de identificación para efectuar trámites administrativos y legales en nuestro país.
Subrayó que, ante tal situación, este Organismo Nacional desarrolla diversas estrategias de atención y apoyo en coordinación con organizaciones de la sociedad civil, asimismo realiza informes y estudios con instituciones académicas, como El Colegio de México y El Colegio de la Frontera Norte, que permitan tener un contexto y marco general de acciones a realizar por los tres niveles de gobierno que conlleven al establecimiento de una política pública en el trato digno, servicios de salud y acceso a empleo y vivienda para facilitar su reintegración a la sociedad mexicana.
De igual forma, detalló que la CNDH ha visitado varios centros de procesamiento migratorio en el estado de Texas para verificar las condiciones en las que viven alrededor de 500 familias, cuyos integrantes aún se encuentran separados, a pesar de que diferentes autoridades estadounidenses han ordenado suspender dicha práctica, haciendo énfasis en la urgencia de que se otorgue atención psicológica a las niñas, niños y adolescentes.
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